Redacción /?El Sur

CdMx

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, ha utilizado el mismo mecanismo que usó el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte para desviar miles de millones de pesos. Al revisar la Cuenta Pública de 2013 y la de 2014, por ejemplo, reporteros del sitio de noticias Animal Político y de la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
“Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios. Por eso está en la cárcel. Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento”, dice el reportaje publicado este lunes en internet [versión completa en: goo.gl/4kb3Yh ].
Esos 7 mil 670 millones de pesos detectados en contratos ilegales le fueron entregados a 186 empresas, pero “128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen”.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo —ahora gobernador electo del Estado de México— al frente; Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht antes y después de que fuera director de Pemex; la Secretaría de Educación Pública en la época de Emilio Chuayffet; Fovissste, con José Reyes Baeza Terrazas, son las principales dependencias señaladas en el reportaje como “responsables de este mecanismo que el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario”.
También figuran la Secretaría de Agricultura, cuando el titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

“En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya”, se añade.
Según el esquema descrito por Animal Político y MCCI, el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas: Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict); la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Universidad Tecnológica.
Después, las universidades subcontratan a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
El mismo procedimiento se ha empleado desde 2010, señala el reportaje. Los datos que recabaron Animal Político y MCCI con solicitudes de información indican, además, que desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
La investigación se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados. Asimismo, se demostró que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios “viven en barriadas”.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales, pues violan la Ley General de Adquisiciones.
De las 186 las empresas seleccionadas en dichos convenios, 128 presentan irregularidades; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.
La investigación, que duró seis meses, “se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados”.