Legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) a José Antonio Meade y a Rosario Robles por su presunta complicidad en el desvíos de recursos públicos a través de contratos con universidades públicas cuando fueron titulares de la Secretaría de Desarrollo Social. El diputado Jorge Álvarez Maynez afirmó que … Continúa leyendo Exige MC indagar participación de Robles y Meade en la “estafa maestra”
Enero 12, 2018
Legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) a José Antonio Meade y a Rosario Robles por su presunta complicidad en el desvíos de recursos públicos a través de contratos con universidades públicas cuando fueron titulares de la Secretaría de Desarrollo Social.
El diputado Jorge Álvarez Maynez afirmó que el precandidato presidencial del PRI está involucrado en la llamada “estafa maestra”, e incluso existen pruebas basadas en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En nombre de la fracción de diputados de MC, Álvarez Máynez acudió a las oficinas de la PGR para presentar la denuncia y pedir que se investigue a Meade y Robles por ocho delitos: tráfico de influencias, peculado, cohecho, fraude, ejercicio ilícito del servicio público, uso abusivo de las facultades, abuso de las funciones y enriquecimiento ilícito.
En la denuncia se expone que en la Sedesol hubo la transacción ilegal de recursos públicos mediante empresas fantasmas, para ser desviados a partir de proyectos que jamás se concretaron.
Al presentar la denuncia, relacionó a Meade como uno de los responsables de la ejecución del esquema de la “estafa maestra”.
“No sólo es cómplice y ha guardado silencio, sino que es autor intelectual. Meade es el padre de la estafa maestra, porque en 2015 se planea el modus operandi de la estafa maestra”, afirmó.
Explicó que en abril del 2015 en la Sedesol se le asignaron a la Universidad Intercultural del Estado de México, 120 millones para hacer cuestionarios, de los cuales no hay rastro de 60 millones, porque no hay contrato sobre a cambio de qué se entregaron esos recursos.
Sobre los otros 60 millones, los cuestionarios no probaron su eficacia ni implementación.
Antes, en marzo del mismo año se ejecutó el mismo esquema con la Universidad Politécnica de Chiapas, con un contrato por 400 millones.
De ese dinero, comentó, 120 millones de pesos tampoco se documentaron con contratos ni convenios. El resto de 280 millones se gastaron en evaluaciones de los comedores de la Cruzada Contra el Hambre, que tampoco se justificaron, de acuerdo con la Auditoría Superior. (Ciudad de México, Agencia Reforma)