Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Periodistas y organizaciones que velan por la protección de quienes se dedican a informar profesionalmente se manifestaron este jueves frente a la embajada de Estados Unidos para solicitar la extradición de ese país a México de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, presunto autor intelectual del asesinato –hace ocho años– de Javier Valdez, reportero fundador del semanario Riodoce de Sinaloa.
Por la mañana, representantes de las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Artículo 19 y Propuestas Cívica, así como Ismael Bojórquez Perea, director de Ríodoce, exigieron pronta justicia para el periodista sinaloense y para las decenas de colegas que han sido asesinados después de Valdez, que se calcula son al menos 60.
En el Paseo de la Reforma de la capital del país, cerrado con unas vallas, frente a un pequeño altar con la fotografía de Javier Valdez y pancartas con la demanda de justicia y la extradición de López Serrano, Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ, señaló que los crímenes en contra de la prensa no se han resuelto en los últimos años “a pesar de promesas y compromisos. Hemos visto muchas negativas de parte de gobiernos estatales y el federal para mejorar la situación de la prensa en México”.
Detalló que se realizó el acto en Ciudad de México porque la situación de violencia en Culiacán –donde se cometió el homicidio de Valdez– no brinda suficientes garantías de seguridad.
“En todo México vemos una creciente violencia contra periodistas. Javier Valdez y el equipo de Ríodoce a diario son asediados y amenazados. Están con el constante temor de represalias por su labor”, dijo.
Hootsen comentó que no sólo se exige la extradición del presunto autor intelectual, sino justicia para todos los casos de periodistas torturados, desaparecidos y agredidos en México.
“Estamos exigiendo que gobiernos, como el estatal de Sinaloa, y el federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, tomen esa problemática y empiecen a desarrollar políticas públicas para que verdaderamente se garantice la seguridad de periodistas. Que se ponga fin a la impunidad”, expuso Hootsen.
“Como cada año, hacemos llegar esta exigencia al gobierno de México y de Estados Unidos para la extradición del autor intelectual del crimen en el caso de Javier. Y así podemos empezar a reparar del daño que se ha hecho a la prensa en México”.

Impunidad al 90% y sin
autores intelectuales

Ante las cámaras y las grabadoras de medios de comunicación, Luis Knapp, abogado de Artículo 19, indicó que la concentración se hizo también para recordar a las y los periodistas “que han caído por el ejercicio de su labor. Hace poco estuvimos cerca, en la inauguración del mural de Miroslava Breach –en la colonia Guerrero–, quien fue asesinada meses antes que Javier Valdez. Estos hechos nos conmocionaron hace ocho años, cuando llegaron las noticias de ambos asesinatos”.
Lamentó que la situación no haya cambiado. Después de los homicidios de Breach y Valdez, dijo, “más de 60 periodistas han sido asesinados. Y si nos vamos más atrás, del año 2000 a la fecha, 171 periodistas fueron asesinados y asesinadas”, según las cifras de Artículo 19.
Knapp lamentó que la impunidad, en estos casos, sea de 90 por ciento: “De 10 casos que llegan a las fiscalías, nueve no se resuelven. Y en donde hay avances, se trata de autores materiales, pero no se llega a autores intelectuales, a esa cabeza que estuvo detrás del crimen que planeó el hecho.
“El sexenio pasado fue perdido. No sólo no hubo avances, sino que hubo una guerra contra la prensa desde Palacio Nacional, con una serie de descalificaciones y estigmatizaciones contra periodistas. Una confrontación contra la prensa. Y eso alienta más a que se vea como un enemigo y existan más agresiones y ataques”, afirmó.
Knapp añadió que con la presidenta Claudia Sheinbaum hay una oportunidad de atacar el daño: “Ya tenemos más de 10 años de un mecanismo de protección con fiscalías especializadas, pero al día de hoy la situación sigue igual, por lo que se necesita otro tipo de soluciones, estrategias estructurales que ataquen las redes macrocriminales que existen. Porque la frontera entre autoridades y delincuencia se ha desdibujado por completo”.
Por su parte, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, organización que ha acompañado y representado legalmente el caso de Valdez en estos ocho años, resumió el sentimiento percibido en la reunión frente a la embajada de Estados Unidos: una mezcla del dolor con la exigencia de justicia.
“Ya pasaron ocho años de que Javier Valdez fue asesinado en Culiacán –lamentó– por seguir su vocación y el deber con la sociedad: contar la verdad, el infierno en México. Él era un periodista y una voz que incomodó al poder y al crimen organizado. Con su pluma retrató la crudeza de un país atravesado por injusticia e impunidad.
“Desde Ríodoce y su columna Malayerba se atrevió a narrar lo que muchos han callado: el matrimonio invisible con el crimen organizado, el dolor de las víctimas. Hoy, a ocho años, seguimos exigiendo justicia por el crimen en su contra. A pesar de las sentencias que se han logrado contra dos autores materiales del crimen, sigue un responsable pendiente de llevar ante los tribunales en México. Nos referimos a Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic. Sabemos quién fue el responsable, quién ordenó el crimen. Sabemos que está en Estados Unidos, pero su extradición sigue pendiente”.

Detrás del linchamiento a
la prensa estuvo AMLO

Entrevistado por El Sur, Ismael Bojórquez recordó que el día que mataron a Javier en Culiacán, él y otros colegas predijeron que no iba a ser el último crimen contra un periodista en Sinaloa, “porque el contexto de violencia en el que trabajábamos nosotros y muchos colegas en muchas zonas del país no iba a cambiar de la noche a la mañana. Iba a prevalecer el contexto de impunidad”.
–La impunidad es superior a 90 por ciento en estos casos.
–Y son datos de las autoridades. De la Secretaría de Gobernación. Son agresiones que van desde amenazas vía internet hasta asesinatos. No se castigan. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia hubo la esperanza de que las cosas podían mejorar con un gobierno que se decía de izquierda. La sorpresa para nosotros fue que en vez de que mejoraran las condiciones, empeoraron. Sólo en ese sexenio se mataron entre 25 y 30 periodistas y la mayoría de casos sigue en la impunidad.
–No han servido de mucho las fiscalías especiales.
–En el anterior sexenio, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) ni el Mecanismo de Protección fueron fortalecidos. Más bien, se redujeron los presupuestos. Tú vas a la fiscalía a pedir copia de un expediente y no tienen ni hojas. Me ha pasado –comenta el director de Ríodoce–. Las condiciones empeoraron gracias a que el propio presidente desde el púlpito que tuvo durante seis años provocó linchamientos contra algunos periodistas. Esto generó una actitud de la gente en redes sociales muy hostil contra muchos medios y periodistas.

Hay posibilidades
de extradición

–Se ve difícil la extradición del autor intelectual del asesinato de Javier –se le menciona a Ismael Bojórquez.
–Una de las razones es que El Mini Lic tiene procesos pendientes en Estados Unidos. Él se entregó en la garita de Calexico a la DEA en el año que mataron a Javier, en 2017. Estaba enfrentado con Los Chapitos y tenía miedo que lo mataran. Mejor se entregó y se convirtió, con el paso de los meses y años, en un testigo protegido del gobierno norteamericano. Duró cinco años en la cárcel.
Cuando la FEADP determinó que él había sido el autor intelectual del crimen contra Valdez, continúa Bojórquez, “solicitó a un juez una orden de aprehensión que fue librada. Desde entonces se solicitó al Departamento de Justicia del gobierno norteamericano la extradición. Siempre fueron trabas y trabas.
“El expediente está abierto. La última respuesta que le dieron a la FEADP hace poco es que la solicitud está abierta y que están trabajando en el caso. Hemos platicado con Ricardo Sánchez (titular de la fiscalía) y dice que hay más posibilidades de que se logre la extradición. Nosotros vamos a seguir exigiéndola, por eso venimos a este evento”, concluye.

En Guerrero, más violencia
contra periodistas: RSF

Balbina Flores Martínez, representante de RSF en México, comentó a El Sur que tras el asesinato de Javier Valdez en Culiacán han sido ocho años de un largo proceso para su familia y para organizaciones como la suya, que acompañan el caso desde entonces.
–No hubo condiciones para ir a Sinaloa a conmemorar el crimen.
–La población en Sinaloa enfrenta una situación muy difícil desde hace más de nueve meses por esta guerra entre dos cárteles, pero también los periodistas allá enfrentan condiciones extremas de inseguridad para hacer su trabajo. Los colegas del semanario Ríodoce decidieron no exponerse ellos ni a nosotros o a otros compañeros al hacer este acto público.
–Van en aumento los casos de asesinatos de periodistas.
–Desafortunadamente, desde el asesinato de Javier a la fecha, más de 60 periodistas han sido asesinados en México. Quienes pensamos que habíamos llegado a un límite con los asesinatos de Javier y Miroslava, nos equivocamos. Se ha seguido acrecentando esta lista de periodistas asesinados y desaparecidos. Ya no se digan los periodistas amenazados y agredidos. Y pareciera que no pasa nada. Yo siempre me he preguntado qué diría Javier si viviera, al ver que sus colegas siguen cayendo por el ejercicio de su trabajo y que no se ha logrado parar esa espiral de violencia.
–Ustedes, las organizaciones, no quitan el dedo del renglón.
–Nuestro trabajo es no quitar el dedo del renglón. Seguir exigiendo que las autoridades investiguen los asesinatos, pero también que garanticen la protección a periodistas. Por ejemplo, no se habla mucho de eso pero la Ciudad de México ha sido siempre una de las ciudades con más agresiones físicas y demandas contra periodistas. Ocupa en primer lugar.
–¿Cuál es el panorama en Guerrero?
–Guerrero sigue siendo un foco rojo para la prensa. Sigue siendo uno de los estados con mayores agresiones a periodistas. La mayor parte de los periodistas desplazados son de Guerrero, alrededor de 25 a 30. La otra es que las zonas de silencio en el estado se han acrecentado, es decir, aquellas zonas donde la información ya no se publica por las condiciones de violencia y de inseguridad. Guerrero es un foco rojo desde hace más de 10 años y es preocupante porque la violencia no ha retrocedido, sino todo lo contrario: se ha agudizado en todas las regiones de la entidad.