El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aplazó dos días más la selección del grupo de trabajo que analizará la situación que priva en Ciudad de México para poder iniciar el mecanismo que ponga en marcha la alerta de violencia de género (AVG).
Luego de una carta difundida el pasado viernes 13 por la asociación civil Justicia Pro Persona, donde evidenció la falta de claridad en los criterios para seleccionar al grupo de trabajo, así como la metodología y el dictamen final de Inmujeres, esta dependencia emitió una convocatoria pública extraordinaria para la conformación de un equipo integrado por cuatro académicas.
Dicha convocatoria se lanzó ese mismo viernes, pero la recepción de documentos de las postulantes se aplazó para este martes, y se fijó el jueves 19 como fecha máxima para el dictamen final sobre la conformación del grupo de trabajo.
Según el documento de Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la extensión de dos días se debe a que no se reunieron las suficientes postulaciones para conformar el equipo.
Al darse a conocer la noticia, Justicia Pro persona, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio –peticionarios de la AVG desde el 7 de septiembre pasado–, insistieron en su demanda de claridad en el procedimiento.
Mediante un nuevo escrito, este martes exigieron que las cuatro investigadoras integrantes del grupo de trabajo –dos locales y dos nacionales– sean académicas especialistas en temas relacionados con la investigación criminal, procuración y administración de justicia con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Además, que el procedimiento sea transparente y público, pues es necesario que el campo de especialización de las académicas sea ese, dado que en la solicitud de AVG se presume un patrón en el ejercicio de justicia local que revictimiza a las mujeres, explicó Ana Yeli Pérez Garrido, de Justicia Pro Persona.
“Estamos convencidas que la conformación de este grupo de trabajo es sólo el paso inicial para evidenciar el compromiso del gobierno federal para garantizar de manera plena el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, coincidieron las organizaciones sociales involucradas.