Staff /?Agencia Reforma

Ciudad de México

Tras la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre la extradición de Jorge Alberto Soto Rodas, alias La Gorda, tras un requerimiento de una Corte en Texas.
Soto, quien presuntamente tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS), fue requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Texas por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
“Jorge ‘S’ era miembro de una organización, la cual tenía su base en México”, indicó la FGR en un comunicado.
El organismo apuntó que “La Gorda” era responsable de adquirir, transportar y traficar droga desde Guatemala hasta México, para su posterior traslado a territorio de Estados Unidos.
“Tras las gestiones de la FGR, el Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de Estados Unidos, luego de que fue detenido en 2023 en Puebla”, agregó.
La entrega de Soto se realizó Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país.
Entre los días 26 y 27 de febrero, el Gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 29 capos criminales, entre ellos el fundador del Cártel de Jalisco, Rafael Caro Quintero, quien era perseguido por el Gobierno estadounidense por el asesinato del agente de la DEA “Kiki” Camarena.
El operativo tuvo lugar en medio de la amenaza de la Administración Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, pero de acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum fue por cuestiones de seguridad.

Tribunal había amparado a Caro Quintero contra su extradición

Tres días antes de que el narcotraficante de 72 años, Rafael Caro Quintero, fuera subido a un avión con rumbo a Nueva York, un tribunal federal había prohibido expresamente al Gobierno mexicano enviarlo a Estados Unidos bajo cualquier modalidad.
El 24 de febrero, el Primer Tribunal Colegiado Penal, con sede en Toluca, confirmó una suspensión en favor de quien fuera líder del extinto Cártel de Guadalajara.
Además, aclaró que la protección al narcotraficante no sólo impedía su salida del País por extradición, sino por cualquier otra forma de entrega.
La suspensión fue concedida contra “la orden verbal o escrita de traslado de México a Estados Unidos del quejoso, bajo cualquier denominación como deportación, extradición o expulsión y su ejecución, sin la conclusión del procedimiento de extradición y recursos legales correspondientes”.
Si es que es denunciada por el Poder Judicial, la investigación correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR), que en conjunto con el Gobierno, lleva varios días justificando la entrega de Caro Quintero y otros 28 capos de alto perfil con el argumento de la seguridad nacional y supuesta corrupción en los tribunales de justicia del país.