Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

A tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 personas perdieron la vida y 42 más resultaron heridas, las familias de las víctimas y organizaciones civiles denunciaron que el acceso a la verdad y la justicia permanece bloqueado por un sistema de justicia selectiva.
Las agrupaciones señalaron que no existen sentencias firmes contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), personal de seguridad privada y otras personas señaladas como responsables de la tragedia del 27 de marzo de 2023.
“Las familias de las víctimas, junto con las organizaciones acompañantes, reiteramos que no fue solo un incendio, fue el resultado de omisiones, negligencia y una política migratoria fallida”, indicaron en un posicionamiento conjunto.
De los 11 involucrados en el proceso penal federal solo cuatro permanecen en prisión preventiva mientras el resto goza de libertad condicional.
Las organizaciones acusaron que en el caso se ha utilizado la justicia selectiva, para beneficiar a funcionarios como el excomisionado del INM, Francisco Garduño.
El ex titular fue vinculado sólo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, lo que le permitió solicitar la suspensión condicional del proceso.
Las víctimas y organizaciones interpusieron recursos de amparo para evitar que Garduño obtenga su absolución mediante medidas como disculpas públicas.
“El incendio -una de las tragedias más graves contra personas en movilidad bajo custodia del Estado mexicano- no solo evidenció fallas estructurales en la política migratoria, sino también la responsabilidad de diversas autoridades encargadas de garantizar la vida e integridad de las personas detenidas.
“A pesar de algunos avances -como la disculpa pública impuesta por un juez como requisito para la suspensión condicional para el imputado de mayor rango-, estos resultan insuficientes frente a la magnitud del daño y no sustituyen la obligación del Estado de investigar, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral”, se indicó.
Entre los pendientes enlistó que 15 mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas formalmente como víctimas.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Inumi) ha señalado que la autoridad rechaza el reconocimiento de estas mujeres bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas directas, a pesar de los daños psicológicos y la violencia vivida durante el siniestro.
Las familias de los sobrevivientes en países como Guatemala, Honduras y Venezuela carecen de compensaciones económicas o apoyo emocional.
“Recordamos que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano, por lo que tiene y tenía una responsabilidad irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia”, se refirió.
Este viernes se realizó una misa en la Catedral de Ciudad Juárez y los colectivos prevén actividades como un viacrucis simbólico para exigir memoria y justicia en el exterior de la antigua estancia migratoria.