La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en la asignación y comprobación del uso de recursos de dos organizaciones que fondeaban a la asociación Juntos Podemos, que dirigía la panista Josefina Vázquez Mota.
En su Informe de la Cuenta Pública 2016, explica que dos organizaciones fueron seleccionadas exclusivamente para realizar acciones del programa “Actividades Comunitarias”.
No obstante, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), no acreditó el criterio ni la metodología para seleccionarlas y entregarles 801 millones de pesos.
“Ni se acreditó la aprobación de las actividades que desarrollaron las organizaciones antes de su ejecución ni que se evaluaron los resultados de cada proyecto conjuntamente por los consulados y las organizaciones”, indicó la ASF.
Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las organizaciones son Integra Institute, antes conocida como AEM-USA Foundation, y Parents Alliance.
Mediante memorándums de entendimiento firmados con los consulados de México en Chicago y Nueva York, Integra Institute obtuvo 340 millones 224 pesos, mientras que Parents Alliance recibió 460 millones 861 pesos de los consulados de Laredo, Dallas y Los Ángeles.
“No se proporcionó evidencia de la evaluación de los proyectos presentados por las organizaciones por parte del Consulado General y del IME, antes de la autorización y asignación de los recursos”, señaló la ASF.
Ni las organizaciones ni los consulados identificaron metas a cumplir o fechas límite para comprobar el ejercicio de los recursos.
Además, los memorándums no fueron aprobados por la Consejería Jurídica de la SRE.
Las organizaciones reportaron que los trabajos en Nuevo York y Dallas los realizó la iniciativa Juntos Podemos, aunque sin establecer en qué consistió su operación y sin contar con la aprobación de los consulados.
Dado que ambas organizaciones están radicadas en Estados Unidos, la ASF no pudo obligarlas a entregar las facturas, recibos, nóminas y otros documentos que acreditaran el uso de los recursos federales.
“Respecto de la información que les fue requerida a las mencionadas organizaciones, éstas señalaron que no era posible proporcionar la documentación solicitada toda vez que ‘como organizaciones no lucrativas estadounidenses están sometidas al marco legal de Estados Unidos de América y a los mecanismos de rendición de cuentas de dicho país. (.) y que para el desarrollo de programas a favor de la comunidad mexicana en Estados Unidos de América se establecieron acuerdos de confidencialidad con otras organizaciones sin fines de lucro’”, apuntó la Auditoría.
La ASF llamó al Órgano Interno de Control a sancionar a los funcionarios que entregaron los recursos a las organizaciones, y que no acreditaron que se llevaran a cabo las actividades a favor de los migrantes mexicanos.