Agencia Reforma

Ciudad de México

A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno, en México persiste una crisis forense con más de 70 mil cuerpos sin identificar, advierte el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
La crisis forense, indica en la resolución en la que solicita que el tema de las desapariciones forzadas en México sea llevado a la Asamblea General de la ONU, es una de las áreas prioritarias en las que el país requiere de cooperación técnica y apoyo financiero internacional.
Recuerda que en el informe de la visita que realizó a México en 2021 destacó que, según la información disponible, 52 mil personas fallecidas sin identificar yacían en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense a la fecha de la visita.
Y a inicios de 2026, alerta la resolución, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.
“Si bien las cifras de fosas comunes localizadas en el país varían entre autoridades, se evalúa actualmente que en México, hay más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos”, apunta la resolución.

Señalan ausencia de plan o estrategia de búsqueda e investigación preestablecido

La investigación de desapariciones en México se ejecuta sin planes estratégicos ni metodologías científicas, lo que obliga a los familiares de las víctimas a asumir las tareas de búsqueda, denunció el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
Al solicitar que la crisis de desaparición forzada en México sea revisada por la Asamblea General de la ONU, el organismo subrayó que las respuestas del Estado no demuestran la adopción de medidas efectivas, sino una tendencia a la simulación administrativa.
“En la mayoría de los casos, la búsqueda parece ser realizada principalmente por los familiares de los desaparecidos. Cuando las autoridades competentes intervienen, suelen hacerlo casi exclusivamente a través de solicitudes documentales y peticiones rutinarias de cooperación entre instituciones federales y estatales, en ausencia de un plan o estrategia de búsqueda e investigación preestablecido”, alertó el CED en su decisión adoptada el 19 de marzo y difundida este jueves.
Esta ausencia de estrategia, agregó el Comité, se traduce en deficiencias técnicas graves, como retrasos sistemáticos en la inspección de los lugares donde ocurrió la desaparición o donde se presume la localización de las personas.
El CED documentó también que la falta de planeación impide el análisis oportuno de muestras genéticas y la recopilación de datos de telefonía móvil, elementos que pierden utilidad forense ante la parálisis de las fiscalías.
No obstante, según el organismo, la falta de una estrategia de búsqueda no es sólo una omisión técnica, sino un fallo estructural que se refleja en la reclasificación de delitos y en estándares probatorios que las fiscalías no logran solventar, facilitando la absolución de los responsables.
“La información disponible revela que, las autoridades a cargo de investigar los casos de desaparición optan con frecuencia por utilizar otro tipo penal, incluso cuando los familiares de la persona desaparecida han solicitado específicamente se persiga el delito como desaparición forzada”, lamentó.
“De ello resulta una tipificación fragmentada de los hechos, principalmente por homicidio, privación ilegal de libertad, secuestro, portación de armas prohibidas o delincuencia organizada, lo que borra la desaparición forzada”.

Destaca complicidades en el ocultamiento de restos

El organismo de la ONU alertó sobre el involucramiento de las propias instituciones en el ocultamiento de restos. Por ejemplo, detalló que entre 2017 y 2025, se documentó la participación directa de servicios forenses en fosas comunes estatales en Tetelcingo y Jojutla, Morelos.
“El Comité también observa que, en la gran mayoría de los casos denunciados, ha recibido denuncias fundadas de que los ‘ataques’ se han llevado a cabo siguiendo patrones en los que han participado directamente algunos servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, o contando con su autorización, apoyo o aquiescencia”, señaló.
Este desaseo institucional, agregó, ha contribuido a que la cifra de restos humanos sin identificar escale a 72 mil al inicio de 2026.
Según datos de las fiscalías locales recabados por el CED, la crisis se concentra en tres estados que concentran el 37 por ciento de las fosas clandestinas del País. Se trata de Sonora con 972 fosas, Veracruz con 523 y Tamaulipas con 541.
Ante este escenario, la ONU planteó que la única salida viable es la cooperación técnica y financiera internacional, dado que el Estado mexicano ha sido incapaz de frenar la crisis con sus propios mecanismos de investigación.
“El Comité pone a consideración de la Asamblea General la necesidad de adoptar acciones orientadas a brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”, indicó.

Denuncian colectivos falta de “voluntad política” del gobierno

Activistas acusaron al Estado mexicano de mantener una “impunidad sistemática” y falta de voluntad política para enfrentar el problema de las desapariciones en México.
Esto luego que el Gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU al acusar que está desactualizado, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y carece de rigor jurídico.
Colectivos integrados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada sostuvieron que la negativa del Gobierno a reconocer la persistencia de este delito refleja una política sostenida de omisión.
“La negativa del Estado mexicano a reconocer la continuidad y persistencia de las desapariciones forzadas en México ha sido permanente, su nula respuesta en la práctica ha evidenciado que no existe la más mínima voluntad política de este gobierno ni de gobiernos anteriores por erradicar esta práctica que, como Campaña hemos señalado, es una política de Estado. Como si borrando las cifras, se borrara de la realidad que los casos existen y siguen en la impunidad”, anotaron.
“Declarar que el informe del CED es tendencioso y sin rigor jurídico, demuestra que el Estado Mexicano no termina por entender que es su responsabilidad y obligación encargarse de dar respuesta a una problemática que, si bien no tuvo sus mayores dimensiones en este periodo de Gobierno, es su responsabilidad como Estado responder ante la gravedad de los casos que se han ido presentando a lo largo de todos estos años”, respondió la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
“Por más que se cansen de decir que ya no hay desapariciones forzadas, estas persisten porque históricamente no se han esclarecidos los miles de casos mal llamados del pasado, y mucho menos los casos recientes, lo que demuestra que sus ‘esfuerzos institucionales’ por parte de este Gobierno no han servido de mucho, por más declaraciones, informes, y muestras discursivas que den”.
Los colectivos exigieron que el Estado mexicano adopte medidas urgentes para prevenir, investigar y sancionar este delito, incluso con el acompañamiento de instancias internacionales, al considerar que la crisis persiste sin una respuesta efectiva.
“Las desapariciones forzadas no son crímenes del pasado, son crímenes presentes y continuos que no sólo no han sido esclarecidos ni se ha dado con el paradero de los miles de detenidos desaparecidos, sino que permanecen impunes”, advirtieron.
El pronunciamiento de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México está suscrito por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos;
El Comité Cerezo México; el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero; el Albergue Tochan-Nuestra Casa; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular.