Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

En 2019 María Elena Ríos Ortiz tenía 27 años y toda una vida por delante. El 9 de septiembre de ese año su futuro dio un vuelco radical: fue atacada con ácido sulfúrico afuera de su casa en Huajuapan de León, Oaxaca, por tres hombres presuntamente enviados por Juan Antonio Vera Carrizal, empresario gasolinero que en ese momento era diputado por el PRI. Desde entonces Ríos dedica su energía, su tiempo, a recuperarse física, mental e incluso laboralmente, y a que reciban castigo quienes intentaron asesinarla.
Como parte del proceso judicial –llevado en la ciudad de Oaxaca en medio de aplazamientos, audiencias suspendidas y confrontaciones públicas entre la defensa, la fiscalía local y la propia víctima– este viernes se realizará una audiencia de la que se espera una resolución “crucial”, enfatiza Malena, pues podría definir la liberación o absolución de los presuntos autores materiales de la agresión: Rubén Loaiza Chávez, Rubicel Hernández Ríos y Ponciano Hernández Yescas; y autores intelectuales: Vera Carrizal y su hijo Juan Antonio Vera Hernández (este último, prófugo).
Ha sido un largo camino. “Pareciera que las víctimas tenemos que demostrar demasiado para que nos crean”, dice la saxofonista, que ha regresado a estudiar música en la UNAM.
Menciona también el desgaste económico y emocional que ha implicado sostener el litigio contra los agresores durante estos casi siete años.
“No es sólo sobrevivir al ataque. Es sobrevivir todos los días a un sistema que constantemente te revictimiza”, comenta en entrevista con El Sur.
Malena –quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente 80 por ciento de su cuerpo y continúa con múltiples secuelas– dice que además de un proceso marcado por irregularidades y redes de corrupción, ha enfrentado campañas de desprestigio, críticas en redes sociales y presión pública por haber denunciado las irregularidades dentro de su proceso judicial.
Aun así, afirma, seguirá hablando públicamente del caso. “No me voy a callar”.

El inesperado fallo de la Corte

El 13 de mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por mayoría de votos no atraer el caso de María Elena Ríos Ortiz. Fue un fallo inesperado, pues existía la expectativa de que sí le diera entrada, dice la activista.
El no atraerlo, dice, representa una oportunidad perdida para discutir a nivel nacional la violencia ácida y la manera en que el sistema judicial responde a este tipo de tentativas de feminicidio.
“¿Qué más necesita este país para entender la gravedad de estos casos?”, cuestiona.
La decisión de la Corte no implicó un cierre del proceso judicial ni una revisión de fondo. Ella misma explica a El Sur que sólo fue una resolución relacionada con los amparos promovidos por los acusados luego de que se frenara la liberación de Vera Carrizal.
El origen de esta disputa se remonta al 14 de agosto de 2024, cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño intentó absolver a Vera Carrizal. Malena acusó al juez de haber buscado favorecer al agresor a cambio de 25 millones de pesos, por lo que, posteriormente, éste fue investigado y destituido. Así, el caso quedó en manos de una nueva jueza, María Esteva.
La intervención de la jueza derivó en la cancelación de la boleta de liberación, documento indispensable para ordenar la salida de una persona del centro penitenciario cuando existe una resolución absolutoria.
Ante la imposibilidad de obtener la boleta, Vera Carrizal promovió un amparo para intentar que fuera reactivada y pudiera abandonar la prisión. Ese recurso, recuerda Malena, también fue presentado por Loaeza Chávez y Hernández Ríos, dos de los agresores que actuaron en complicidad con Vera Carrizal.
Sus amparos fueron rechazados, pero después los acusados promovieron un recurso de revisión, mecanismo jurídico que fue analizado por un tribunal colegiado el pasado 14 de abril. La Fiscalía General de la República solicitó que la SCJN atrajera el caso y resolviera sobre esos amparos.
“Solamente conté con tres votos”, dice Ríos al referirse a la discusión en la Corte, donde votaron a favor de atraer el asunto el ministro Hugo Aguilar, así como las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Al no alcanzar la mayoría necesaria, el expediente regresó nuevamente al tribunal colegiado en Oaxaca.
Este jueves, en su cuenta de X, la ministra Lenia Batres publicó que platicó Malena Ríos sobre el fallo de la Corte. Al atraer el caso, escribió, “la Corte podía: a) otorgar el amparo, lo cual absolvería a los presuntos agresores, o b) negar el amparo, lo que generaría la reposición del procedimiento que ya había decidido la jueza sustituta.
“Sin embargo, si no se atraía, el tribunal colegiado no tendría opción: sólo podía negar el amparo, obligado por un criterio jurisprudencial”, expuso la ministra. “Por eso, la Corte no consideró necesario atraer el asunto”.
De acuerdo con esto, la resolución de este viernes en Oaxaca tendría que ser a favor de la víctima, no de los agresores.

“Caso emblemático” de la
violencia contra mujeres

Tras el ataque con ácido y su lucha por justicia para todas las víctimas de ataques con ácido, María Elena Ríos se convirtió en símbolo de la violencia extrema hacia las mujeres en México.
Colectivos feministas consideran su caso como referente nacional del tratamiento judicial que recibe, en los hechos, una tentativa de feminicidio.
Por eso, explica Ríos, existía la expectativa de que la Corte atrajera el expediente. “Estamos hablando de un caso emblemático, no solamente por la violencia ácida, sino por todas las irregularidades”, recalca.
El problema no se limita a una sola resolución judicial, reconoce la activista, sino a una estructura institucional que suele favorecer a personas con poder político y económico.
“En México la justicia sigue dependiendo de quién eres y de cuánto poder tienes”, dice.
Habla del miedo que enfrentan muchas víctimas cuando deben denunciar a hombres con poder político o económico. A su juicio, existe una estructura institucional que desalienta las denuncias y termina protegiendo a ciertos grupos. “Por eso muchas mujeres no denuncian”, lamenta.
Espera que la decisión de la Corte no represente la continuidad de los litigios que han buscado la liberación de sus agresores. Pero lo principal, puntualiza, es el mensaje de fondo de esta cadena de decisiones: la persistencia de la impunidad en casos de violencia contra mujeres.
“Es una tristeza enorme. Porque no solamente me afecta a mí. El mensaje es para todas las mujeres”.

Todo está hecho para
cansar a las víctimas

Una de las partes más agotadoras para las mujeres víctimas de violencia ácida, cuenta Malena, es que las víctimas se ven obligadas a hacer lo que corresponde al Estado.
La carga de sostener el caso no sólo es jurídica y emocional, sino también económica y física. “Las víctimas terminamos investigando, buscando, señalando, exhibiendo”.
La saxofonista considera que el aparato institucional suele responder con lentitud cuando existen personas con poder político involucradas. En ese sentido, dice, el suyo no es un caso aislado, sino un reflejo de cómo opera el acceso a la justicia para muchas mujeres en México.
“Hay una protección enorme hacia ciertos hombres”, señala.
Desde el ataque, Ríos ha denunciado públicamente presuntas redes de influencia política alrededor del caso. A lo largo de estos años, insiste, el expediente ha pasado por cambios de jueces, aplazamientos y recursos legales que han retrasado el avance del proceso.
La activista sostiene que ese desgaste termina favoreciendo a los agresores. “Todo está hecho para cansarte”, deplora.
También cuestiona el comportamiento de distintos actores políticos y judiciales que, asegura, han guardado silencio frente a las irregularidades que ella denuncia. Considera que muchas instituciones prefieren evitar confrontaciones antes que asumir el costo político de intervenir en un caso de alto perfil.
“La justicia en México sigue siendo profundamente selectiva”, afirma.
En paralelo al litigio, Ríos se ha convertido en una figura visible, su caso ha abierto debates legislativos sobre tentativa de feminicidio, reparación del daño y violencia de género.
Sin embargo, explica, esa exposición pública también implica una presión constante. A casi siete años del ataque, se sigue sometiendo a procedimientos médicos y todavía enfrenta secuelas físicas derivadas de las quemaduras.
Pero muchas veces la violencia institucional resulta igual de desgastante que las consecuencias médicas, dice. “Pareciera que el sistema quiere quebrarte”.

Desmiente apoyo
económico del Estado

María Elena Ríos asegura que no recibe apoyo del Estado y desmiente lo que califica como una “campaña de desinformación” impulsada por su agresor.
“Yo no tengo apoyo del Estado. Esa es una campaña del agresor en donde dice que a mí me dan dinero y que he sacado millones. No, eso de que exijo millones, tampoco”, sostiene.
Al respecto, añade, es importante comprender las etapas de los procesos judiciales y lo que implica cada una de ellas, especialmente en lo referente a la reparación del daño.
Cuando una persona agresora es declarada culpable, toda víctima tiene derecho a una reparación integral del daño, debido a que el delito “fractura su proyecto de vida”. Sin embargo, subraya, este derecho sólo puede hacerse efectivo cuando existe una sentencia firme.
En ese sentido, el proceso judicial aún no ha concluido. “Juan Antonio Vera Carrizal no está sentenciado, ninguno de los agresores, incluso su hijo Juan Antonio Vera Hernández sigue libre”, apunta.
Reitera que no tiene ningún apoyo estatal y que la única medida con la que actualmente cuenta es la del Mecanismo de Protección federal, la cual le fue otorgada por su labor como activista y defensora de derechos humanos, así como por su participación en la promoción de iniciativas de ley.
Esta protección también responde al nivel de violencia y amenazas que ha enfrentado durante el proceso judicial, en el que, remarca, ha sobrevivido a tres atentados que atribuye al entorno de su agresor.

“Yo sólo quiero justicia”

Este viernes un tribunal colegiado decidirá el destino de víctima y agresores en Oaxaca: si permanece bloqueada la liberación de Vera Carrizal, Loaeza Chávez y Hernández Ríos o si se reactiva la ruta jurídica para que abandonen prisión.
Prefiere no adelantarse y esperar a ver si es necesario replantear la estrategia jurídica del caso; analizar, junto con su equipo legal, cuáles serán los siguientes pasos a seguir.
Su caso, considera, ya no pertenece únicamente al ámbito privado o personal: hace tiempo que se volvió un referente nacional sobre impunidad y acceso desigual a la justicia.
“No sólo soy yo –dice–. Hay muchísimas mujeres atravesando cosas similares”.
Por ello, asegura, independientemente del fallo de hoy, seguirá denunciando públicamente lo que considera fallas estructurales del sistema judicial mexicano. Reitera: “Yo sólo quiero justicia”.