La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga la posible omisión, negligencia, corrupción y falta de aplicación de la ley en la construcción de los edificios dañados durante los sismos de septiembre, informó el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez.
Destacó que en México las construcciones deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad y vida de las personas, pues “no hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana”, aseguró el funcionario.
En la presentación del Estudio de protección civil y derechos humanos, elaborado de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que si bien no es posible evitar que un fenómeno natural genere una condición de desastre, debe cuestionarse cuántos derrumbes fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles.
Los recientes desastres naturales, explicó González Pérez,  mostraron de manera evidente la necesidad de consolidar esquemas para garantizar que las medidas que se han tomado para hacer frente a fenómenos naturales posean desde los primeros momentos una perspectiva de derechos humanos.

Entre las quejas, el desvío de despensas del DIF de Morelos

González Pérez remarcó que urge revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades del país, para reforzar su pertinencia, utilidad y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento y supervisión acerca de su aplicación.
Insistió en la necesidad de incluir en esos programas a la población indígena y recordó que la fecha la CNDH ha recibido 130 quejas como consecuencia del sismo.
Estamos revisando, dijo, “cómo se dio la asistencia en los primeros momentos. Ya anticipamos que hubo desorganización, que no se conoció en algunos sitios quién estaba al mando, que no hubo información ordenada a la población y en los sitios (de contingencia)”.
Las quejas recibidas por la CNDH se centran en el presunto mal manejo de las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; trabajadores que denuncian daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y la prestación de servicios públicos.
Al menos cinco de ellas son contra la presidenta del DIF estatal de Morelos, Elena Cepeda –esposa del gobernador Graco Ramírez– y están vinculadas con el destino de los vehículos que transportaban víveres, supuestamente “etiquetados” con la marca del DIF.
El ombudsman nacional indicó que las quejas también se refieren al trato que se dio, en algunos casos, a los cadáveres.