Agencia Proceso

Ciudad de México

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, instruyó a los diplomáticos mexicanos a difundir la Ley de Seguridad Interior en el mundo.

Luego de las ponencias de los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y Marina, Vidal Soberón, en la Reunión de Embajadores y Cónsules de México en el Extranjero, que comenzó el lunes de esta semana, Videgaray pidió difundir la Ley.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, tuiteó la instrucción.

“El Canciller @LVidegaray instruyó a Embajadores y Cónsules de la @SRE_mx a ser activos comunicadores de la Ley de Seguridad Interior en sus adscripciones #REC2018”, indicó.

La Ley de Seguridad Interior ha sido una de las leyes más polémicas aprobadas por el Congreso, razón por la cual será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A la ley se oponen organismos de derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los planteamientos de la ONUDH y de la CIDH fueron respondidos por la SRE, que lamentó que estos organismos no tomaran en cuenta el contexto mexicano en el análisis de la norma.

Buscan sumar a Morena en el recurso contra la LSI

A 10 días de que venza el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, PAN y PRD en la Cámara de Diputados le pidieron a Morena sumarse al recurso que alistan.

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, indicó que los legisladores de los partidos que integran la alianza Por México al Frente realizarán un análisis de cuántas firmas han obtenido ya, de las 165 que necesitan. “Esperamos contar con la participación de Morena, consideramos que es importante que defina una participación a favor de esa acción de inconstitucionalidad”, dijo.

Reiteró que siguen con la intención de interponer el recurso ante la Corte a más tardar el 18 de enero.

Detalló que la acción de inconstitucionalidad se basaría en dos aspectos, por un lado la falta de facultades del Congreso para legislar en la materia, y por otro, el contenido propio de la Ley.

Marko Cortés coordinador parlamentario del PAN, aseguró que sus bancadas, tanto en San Lázaro como en el Senado, están de acuerdo con la acción de inconstitucionalidad.

“Estamos en los últimos detalles jurídicos, hoy más tarde tengo una reunión con Francisco Martínez Neri, ya con documentos en mano, también estamos hablando con el nuevo coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano para consensar el documento. Y buscaremos que Morena pueda sumarse a esta acción de inconstitucionalidad, para que sea la Corte la que tenga la última palabra sobre la Ley de Seguridad Interior”.

La ley fue promulgada el 21 de diciembre pasado y desde entonces comenzó a correr el plazo de 30 días para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública o las Cámaras del Congreso, puedan presentar sus acciones de inconstitucionalidad. Para el caso del Senado o la Cámara de Diputados, es necesario que el recurso cuente con el respaldo del 33 por ciento de los legisladores.

Enlistan fallos en legislación

La Ley de Seguridad Interior es inconstitucional en al menos cinco aspectos que incluyen opacidad, rendición de cuentas y ambigüedad, advirtió el especialista Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, creado en octubre por el Centro Prodh, la CNDH, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad Iberoamericana.

Según López Portillo, la ley contraviene directamente el artículo 21 constitucional al autorizar a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública y de investigación, además de que emplea conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria. Asimismo, posibilita que las fuerzas armadas actúen sin subordinarse a las autoridades civiles.

Ello, pese a que “en ningún concepto constitucional e instrumento jurídico internacional firmado por México se autoriza que las fuerzas armadas tengan el mando en tareas de seguridad pública”. Para frenar “el proceso de militarización tenemos que propiciar, promover y lograr un fortalecimiento de las autoridades civiles”, alertó.