La defensa jurídica del doctor José Manuel Mireles Valverde acusó a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán de presionar a un juez federal para fallar contra el ex líder autodefensa, por lo que anticipó que presentará una denuncia penal, reportó la agencia Quadratín.
En una rueda de prensa realizada en Morelia, Michoacán, este miércoles, el abogado de Mireles, Ignacio Mendoza, consideró ridículo que la PGR pretenda vincular a su cliente por el delito de sedición, el cual está en desuso, dijo.
Criticó que el proceso está basado en elementos que carecen de efectividad, ya que el llamado a las armas puede hacerlo cualquiera sin que esto tenga efectos legales y, al ser un Estado democrático, se debe ponderar el derecho a la libre expresión.
El delito de sedición se entiende como un acto de sublevación contra la autoridad, el cual podría poner en riesgo el funcionamiento institucional. En su investigación, la PGR le imputa a Mireles la publicación de un video en el que llama a tonar las armas contra el ejército el pasado 12 de julio.
Ignacio Mendoza no negó que el llamado pudo ser imprudente, pero no configura un delito, por lo que en la PGR prevalece la intención de perseguir a Mireles Valverde con una finalidad política, aseguró.
Anunció que el lunes 16, Mireles Valverde deberá presentarse ante la PGR en una primera audiencia. De hallar elementos, ese mismo día podría ser vinculado a proceso, y de ser encontrado culpable, enfrentaría hasta 15 años de cárcel.

Delito que le imputan es del siglo XIX: Movimiento Ciudadano

El dirigente estatal Movimiento Ciudadano en Michoacán, Daniel Moncada, pidió a la PGR retirar los cargos de sedición en contra del ex líder de grupos de autodefensa, al afirmar que la ley se aplica de manera selectiva contra Mireles.
“Se trata de un delito que data del siglo XIX; está en desuso, es anacrónico, incluso fue pensado para periodos de guerra. Históricamente se usó en contra de la disidencia política de este país”, declaró Moncada.
Agregó que la acusación no tiene sentido cuando el país “está lleno de delincuencia organizada y corrupción”, por lo que solicitó a la PGR atender el problema de inseguridad del estado y dejar de ser una fábrica de delitos.