Víctor Fuentes / Agencia Reforma Ciudad de México Un juez de Miami condenó este martes a los presuntos prestanombres de Genaro García Luna a pagar 578.5 millones de dólares a México, aunque en la práctica, el monto que recibirá el Gobierno será mucho menor. Además, el juez Thomas Rebull ordenó traspasar a México el departamento … Continúa leyendo Juez de EU condena a presuntos prestanombres de Genaro García Luna a pagar 578.5 mdd a México
Mayo 21, 2026
Víctor Fuentes / Agencia Reforma
Ciudad de México
Un juez de Miami condenó este martes a los presuntos prestanombres de Genaro García Luna a pagar 578.5 millones de dólares a México, aunque en la práctica, el monto que recibirá el Gobierno será mucho menor.
Además, el juez Thomas Rebull ordenó traspasar a México el departamento 1505 en el edificio Península II de Aventura, Florida, valuado actualmente en poco más de un millón de dólares.
En una audiencia en la Corte del Undécimo Circuito de Miami-Dade, el juez resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la familia Weinberg, señalados como socios de García Luna, tienen que cumplir el acuerdo confidencial que habían alcanzado en febrero de 2025.
Dicho acuerdo no se había concretado y la UIF había solicitado a la Corte reabrir el proceso contra los Weinberg y llevar el caso a un juicio con jurado, lo que el juez rechazó ayer.
El convenio fue pactado para dar fin a la demanda civil iniciada por la UIF en 2021 para reclamar 750 millones de dólares producto de contratos del gobierno a empresas vinculadas con el ex Secretario de Seguridad Pública, preso en Nueva York desde 2019 por proteger al Cártel de Sinaloa.
Parte de ese dinero, según la UIF, fue usado por los Weinberg para comprar al menos 28 inmuebles en Florida en la década pasada, de los que 18 ya habían sido vendidos a mediados de 2025, generando ingresos de unos 28 millones de dólares. Presumiblemente, estos fondos serán entregados a México.
Si bien el acuerdo es confidencial, un elemento central era que la FGR otorgaría un criterio de oportunidad a Mauricio y Jonathan Weinberg, por el cual serían testigos colaboradores y se cancelarían cargos penales en su contra en México, a cambio del pago de una reparación de daño al Gobierno.
“En su memorándum del pasado 6 de marzo, los demandados Weinberg dieron a entender que ya recibieron el criterio de oportunidad, como lo requería el acuerdo entre las partes de 19 de febrero de 2025, y por tanto, esta Corte emite la sentencia final en términos de dicho acuerdo, que corresponde ejecutar a las partes”, ordenó el el juez Rebull.
Esta fue exactamente la petición que hicieron los Weinberg, quienes se oponían a reabrir el proceso, como había solicitado la UIF.
Los 574.5 millones de dólares de la condena, que incluyen 8.25 por ciento de interés anual, son el monto que la UIF mencionó en su demanda como la pérdida del Estado Mexicano por la “conversión” del dinero pagado a las empresas, al usarlo para comprar departamentos.
El Departamento del Tesoro sanciona a seis personas y dos empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 personas y 2 empresas presuntamente involucradas en operaciones de lavado de dinero de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” así como a 6 personas asociadas con un operador de la llamada “Mayiza”.
Lanzada por la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), la acción anunciada este miércoles congela los activos que dichas personas y empresas bajo jurisdicción de EU y prohibe realizar transacciones con ellas por vínculos con el narcotráfico global y en algunos casos por terrorismo.
“Como el Presidente (Donald) Trump ha dejado claro, esta Administración no permitirá que los narco-terroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent al anunciar las sanciones, en una acción coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Por una parte, el Tesoro sancionó a un grupo encabezado por Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien considera como el principal lavador de dinero producto del tráfico de drogas para “Los Chapitos”, y quien sustituyó en el rol a Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor” asesinado en febrero de 2025.
Además de estar involucrado directamente en el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales, Ojeda Avilés sería el encargado de la recolección de las ganancias en efectivo de las operaciones de ventas en EU así como facilitar su transferencia a través de transacciones electrónicas así como a través de criptomonedas.
Para dichas operaciones de recolección de ganancias de narcotráfico y su traslado al control de “Los Chapitos” en México, Ojeda Avilés tendría como asociados a Jesús Alonso Aispuro Félix, principal estratega financiero, y a Rodrigo Alarcón Palomares, este último detenido en 2023 en México según el Tesoro.
Además de ellos, Ojeda Avilés tendría como principal asesor al empresario chihuahuense Alfredo Orozco Romero, quien a través de dos familiares -Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero- controlan la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el negocio de comida Gorditas Chiwas.
A excepción de Alarcón Palomares que solo fue sancionado por ligas al narcotráfico global, el resto de los ligados a Ojeda Avilés fueron sancionadas bajo Órden Ejecutiva 14059 de 2021 contra personas involucradas en narcotráfico global y bajo Órden Ejecutiva 13224 de 2001 contra el terrorismo global.
EU ratifica sanciones contra operador clave de La Mayiza
Como parte de la misma acción, el Departamento del Tesoro refrendó sanciones contra Jesús Gonzalez Peñuelas, alias “Chuy” González, por quien desde 2024 ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares acusado de ser cabeza de una red de tráfico de diversas drogas ilegales desde al menos 2007.
Según reportes de medios locales, la red liderada por “Chuy” González habría tomado partido por la facción de “La Mayiza” desde que en 2024 iniciara el conflicto al interior del Cártel de Sinaloa; según los mismos reportes, las operaciones de “Chuy” González estarían concentradas en el Norte del Estado de Sinaloa.
Además de refrendar las sanciones contra “Chuy” González, el Tesoro también sancionó a personajes claves de su red de tráfico de drogas y lavado de dinero como Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael Garcia Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noe de Jesus Castro Rocha.
Todos estos individuos fueron sancionados por el Tesoro bajo Órden Ejecutiva 14059 de 2021 contra personas involucradas en narcotráfico global y bajo Órden Ejecutiva 13224 de 2001 contra el terrorismo global.
García Harfuch asegura que Rubén Rocha sigue en el país
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), no ha salido del país.
“Primero, el Gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido.
“La escolta corre a cargo del Estado, como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado. No tiene escolta por parte del gobierno Federal”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.
Arrestan por caso de violencia familiar al hijo del ex boxeador Julio César Chávez
Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del ex boxeador Julio César Chávez, fue detenido en Sinaloa presuntamente por el delito de lesiones en un supuesto caso de violencia familiar.
El pugilista, de 36 años de edad, también fue detenido por elementos de la Policía estatal en Culiacán, de acuerdo con fuentes estatales.
Se reportó en el Registro Nacional de Detenciones federal que la detención se registró aproximadamente a las 8:51 horas de ayer.
Medios locales afirman que se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, mismo que ha permanecido bajo vigilancia reforzada por episodios de violencia y operativos de seguridad en los últimos años.
Al cierre de esta edición, ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni autoridades de seguridad federales, ni la Fiscalía de Sinaloa han emitido una postura pública sobre el caso.