Caterina Morbiato

El Sur / Ciudad de México

En septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la policía municipal de Iguala tenía en su poder 73 fusiles de asalto SC70/90 Beretta, aunque están catalogados como de uso exclusivo del Ejército. Hechos en Italia, son parte del armamento que compra el mercado mexicano en cantidades cada vez más alarmantes a Estados Unidos, Europa e Israel.
Entre 2006 y 2018, sólo empresas europeas e israelíes exportaron a México cerca de 238 mil armas de fuego destinadas a cuerpos policiacos estatales y municipales; 36 por ciento llegaron desde Italia, uno de los tres mayores fabricantes de armas en el mundo.
El flujo no se detuvo ni siquiera con la pandemia de covid-19. La provincia de Brescia –donde se ubica la sede central de la multinacional Beretta– duplicó sus ventas a México en los primeros nueve meses de 2020, alerta un reporte elaborado por Carlo Tombola, director científico del Observatorio Permanente sobre las Armas Ligeras y las Políticas de Seguridad y Defensa (OPAL) de ese país, citado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (Istat).
Entre 2007 y 2019 compañías italianas –con el Grupo Beretta a la cabeza– exportaron un promedio anual de 10 mil pistolas y revólveres y mil 100 fusiles.
“Lo que pedimos con el informe es que se suspenda la exportación de armas italianas hacia México: se trata de armas que se importan para uso militar y que terminan en los cuerpos de policía. Las consecuencias para la población civil son enormes”, advierte Tombola, quien menciona como ejemplo “un gran número de desapariciones forzadas”.
Añade que los productores de armas italianos no dejaron de trabajar durante los primeros meses de 2020, aun cuando la pandemia de covid-19 afectaba gravemente el norte de Italia. En esos meses, pudo corroborar, Beretta entregó órdenes de gran volumen para militares en México.
El informe de Tombola, titulado “Comercio mortal: cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México”, fue publicado a principios de diciembre pasado por una red internacional de organizaciones civiles, entre ellas Stop Us Arms to Mexico (SUAM) y OPAL.
Basado en el estudio de más de 9 mil documentos de uso final de transferencias de armas a policías estatales y locales, obtenidos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vía transparencia, el reporte destaca que más de 95 por ciento de estas armas se clasifican como “reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”, es decir que la ley mexicana prohíbe su venta a civiles.
No obstante, “pistolas, rifles y carabinas” terminan en manos de “policías de Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit y otros estados” donde se registran graves violaciones a derechos humanos, detalló SUAM.
Además, también se filtran a los cárteles del narcotráfico. “De las 61 mil armas secuestradas por el Ejército Mexicano entre 2010 y 2020 –señaló OPAL–, 2 mil 744 fueron producidas en Italia, sobre todo pistolas Beretta”.

En Guerrero, tan mortales
como el coronavirus

Pese al confinamiento social impulsado desde fines de marzo pasado por las autoridades para reducir la propagación del Covid-19, de enero a noviembre de 2020 un promedio de 98 personas perdieron la vida de manera violenta cada día.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que en dicho periodo fueron asesinadas en México 32 mil 760 personas –contando los casos clasificados como homicidios dolosos y los feminicidios–. El 69.4 por ciento de estos asesinatos se cometió con armas de fuego.
En Guerrero, donde el SESNSP registró en el mismo lapso mil 331 asesinatos, se utilizaron armas de fuego en 75.7 por ciento de los casos.
Para dar idea del protagonismo que este tipo de armas tiene en la violencia que padece el país, hay que agregar a los homicidios dolosos y los feminicidios, aquellos clasificados como homicidios culposos, lesiones dolosas y lesiones culposas: se usaron armas de fuego en 32 mil 792 casos a nivel nacional; en Guerrero la suma es de mil 325.
Estas cifras reflejan un panorama desolador, pero podría ser peor, pues existe un subregistro debido a que las agencias policiales no reportan de manera uniforme cómo se cometen los delitos, explica a El Sur Eugenio Weigend, investigador del Center for American Progress (CAP) con sede en Washington.
Nos encontramos frente a un apabullante uso de las armas de fuego, lo cual “tiene repercusiones en la población, en su sentimiento de vulnerabilidad, en la sensación de miedo”, subraya el experto en prevención del tráfico de armas y violencia con armas de fuego en México y Estados Unidos.
En EU, “las cifras oficiales hablan de que 103 personas al día pierden la vida y que otras 215 resultan heridas físicamente a causa de una bala”, dice y aporta un dato adicional: cada día unas mil personas en EU sufren alguna amenaza con arma de fuego sin que sea disparada una bala; “en México tiene que ser algo similar”.

Peligroso círculo vicioso;
más, para las mujeres

Recientemente Eugenio Weigend analizó, junto con Carlos Pérez Ricart, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la adquisición de armas por parte de civiles mexicanos.
“Lo que encontramos es que la adquisición de armas en México está asociada con el miedo a sufrir un delito. Además, si en un delito se usó un arma de fuego, hay más propensión a adquirir un arma de fuego como respuesta a la violencia. Se debe tener cuidado con esta espiral en que los ciudadanos se arman, podría llevar a que los grupos criminales se armen con armas aún más letales”, enfatiza.
Magda Coss, especialista en tráfico de armas y encargada de relaciones internacionales en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), coincide por separado en que una sociedad más armada se transforma en una sociedad que requiere de las armas para imponer el orden y resolver los conflictos.
“Esto sucede también con las fuerzas de seguridad, sobre todo con las policías municipales. Si no hay un adecuado control y no existen los protocolos correctos para salvaguardar la integridad de las personas y tener control sobre cada policía, vemos que las armas terminan rentándose para cometer ilícitos, que hay un porcentaje mucho mayor de accidentes con menores, o que muchas de estas armas acaban en casos de violencia doméstica”, apunta Coss en entrevista con El Sur.
Entre enero y noviembre 2020, dio a conocer el SESNSP, fueron asesinadas 3 mil 455 mujeres. En promedio, a seis de cada 10 les arrebataron la vida con un arma de fuego.
Aunque el SESNSP permite conocer qué tipo de arma se usó, no registra en qué lugar ocurrió el delito. Esto dificulta la medición del nivel de riesgo de ser víctima de feminicidio que corren las mujeres que viven en hogares con armas de fuego y antecedentes de violencia doméstica.
“Desde el Inmujeres estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación y las fiscalías para mejorar los registros de casos de violencia doméstica con arma de fuego –dice Coss–. Uno de los objetivos es establecer como variable la presencia de este tipo de armas al momento de levantar una denuncia”.
Actualmente el Instituto apoya a la Red Mujeres Constructoras de Paz para atender la violencia de género en 106 municipios del país; en Guerrero, a fines de septiembre pasado el proyecto se llevó a seis municipios: San Luis Acatlán, Marquelia, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zihuatanejo de Azueta y Coyuca de Benítez.
“La idea es articular a estas mujeres como mediadoras de conflictos comunitarios para que sepan impulsar acciones de prevención local. Muchas veces la presencia de un arma de fuego en el hogar está tan normalizada que ni siquiera se piensa que es un riesgo para las mujeres”, expone la funcionaria.

La ineludible responsabilidad
de los fabricantes de armas

Las normas vigentes establecen que antes de aprobar la exportación de armamentos los países productores deben realizar evaluaciones cuidadosas para medir las posibles repercusiones en los derechos humanos.
Por lo general las autorizaciones son aprobadas sistemáticamente y con escaso rigor. Esta dinámica es aprovechada por los fabricantes de armas, que terminan delegando a los gobiernos la responsabilidad ética y jurídica de sus actividades comerciales.
Para los abogados italianos Giuseppe Sambataro y Stefano Trevisan, en todas partes la regulación es débil. Pero si se toma en cuenta que son las empresas las que mantienen una comunicación constante con los países importadores, es evidente que son responsables de los contratos comerciales que firman y de sus eventuales consecuencias.
“Las empresas no pueden esconderse detrás del Estado. Al contrario: deberían realizar evaluaciones independientes, sobre todo porque cuentan con fuentes más inmediatas de las que tiene el Estado”, afirma Sambataro. “Cuando el uso final de las armas es ilegítimo, el hecho de que haya una autorización del gobierno es un elemento absolutamente insuficiente”.
Por su lado, Trevisan pondera la actuación de la sociedad civil, que ha mejorado su capacidad de incidencia para juzgar la responsabilidad de los fabricantes de armas.
En 2020, gracias a la presión de organizaciones defensoras de derechos humanos, Bélgica negó licencias de exportación de armas a la Guardia Nacional de Arabia Saudita. A fines de diciembre pasado, Italia dio un paso similar al conceder una prórroga al bloqueo de los suministros de bombas y misiles al régimen saudí. “Vender armas no es una actividad neutral y esto es una señal importante”, puntualiza Trevisan.
Para responsabilizar al sector privado se necesita una voluntad política fuerte, al igual que para reducir el tráfico de armas.
En México, dice Magda Coss, sería un gran avance para la protección de derechos humanos y la transparencia que el control de armamento pasara de ser centralizado en la Sedena a involucrar a un conjunto de autoridades: la Secretaría de Economía, la de Relaciones Exteriores, las comisiones de derechos humanos.
“Sería importante que Sedena rindiera informes periódicos (…) La ciudadanía debería saber, por ejemplo, cuántas armas se están comercializando o cuánto es el monto del gasto militar destinado a armamentos”.