Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un juzgado federal frenó temporalmente la orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por el caso de los contratos de construcción de 7 estaciones de Policía que habrían ocasionado un daño al erario de 3 mil 412 millones de pesos.
José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió al ex Gobernador perredista de Michoacán la suspensión provisional contra el mandato de captura.
El juzgador le fijó el pago de una garantía de 52 mil pesos para mantener vigente la protección judicial y le dio un plazo de 3 días para presentarse ante una Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para comparecer en una audiencia inicial.
“Se concede a Silvano Aureoles Conejo la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal con motivo de la orden reclamada y su ejecución”, dice el fallo.
El impartidor de justicia señala que, si bien desde el 1 de enero entró en vigor la reforma de supremacía constitucional, que impide hacer interpretaciones de la Carta Magna, esa modificación fue al artículo 19 y no al 16 de la Constitución, que rige las restricciones de la libertad personal.
Por ese motivo, aplicó una jurisprudencia del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, en la Ciudad de México, que permite suspender una orden de captura independientemente que el delito contemple la prisión preventiva.
El congelamiento de la captura estará vigente por lo menos hasta el próximo martes 29 de abril, cuando el juzgado celebre la audiencia.
Ordena el Trife emitir nueva sentencia contra el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó ayer a la Sala Especializada dictar sentencia en la denuncia contra el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género.
Los magistrados regionales argumentaron que el plazo había caducado, por lo que cerraron el expediente.
Sin embargo, la Sala Superior determinó que el plazo para que opere la caducidad sea a partir del 25 de febrero de este año, no del anterior.
“Se señala que la responsable no debió tomar en cuenta el lapso en el que otras autoridades estuvieron a cargo de la sustanciación y resolución sin tener atribuciones para ello, ya que durante ese lapso la autoridad competente no estuvo en aptitud de ejercer su facultad sancionadora”.