Natalia Vitela, yClaudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó que la inmensa mayoría de los jueces en el país benefician a lavadores de dinero y urgió al Congreso a avanzar en reformas para combatir esta situación.
Pablo Gómez, titular de la dependencia, reprochó que los juzgadores están ordenando la desincorporación de personas de la lista de bloqueados de la UIF con base únicamente en suspensiones provisionales, sin esperar a la resolución definitiva de los juicios de amparo.
“Quiero decirles, cuando un juez federal da una suspensión, por haber una persona ha sido incorporada esta persona a la lista de personas bloqueadas, el juicio de amparo no está hecho, está por hacerse”, acusó durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la lista a personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la Segunda Sala y resolvieron simple y sencillamente que la materia del amparo puede ser eliminada, de un juicio de amparo, con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente”, lanzó.
Gómez atribuyó que esa dinámica se debe a un sistema de corrupción, pues sugirió que no podría explicarse de otra manera.
“Esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción, nada de este tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo.
“Una cosa es el error judicial, con la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra, que todos los jueces caminan, o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho, caminan por el mismo sendero”, añadió.
Explicó que los bloqueos a cuentas bancarias no los realiza directamente la dependencia a su cargo, sino las instituciones financieras que reciben la instrucción correspondiente una vez que la UIF incorpora a personas físicas o morales a la lista.
Sin embargo, lamentó que una gran parte de estos recursos hayan sido desbloqueados por jueces.
Expuso que desde finales de 2018 hasta el mes pasado, se han bloqueado más de 32 mil 531 millones de pesos como parte de las acciones de combate al lavado de dinero a través de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). No obstante, más del 70% de ese monto ha sido desbloqueado por resoluciones judiciales.
De acuerdo con datos presentados por la UIF, entre diciembre de 2018 y marzo de 2025 se incorporaron a la LPB 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales, sumando un total de 7 mil 815 sujetos. De ellos, 910 personas físicas y 360 morales fueron desincorporadas, por lo que actualmente permanecen 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales, es decir, 6 mil 545 sujetos activos en la lista.
Los bloqueos financieros realizados por instituciones bancarias, a instrucción de la UIF, ascienden a: 32 mil 531 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros, dijo Gómez.
Pero apuntó que la mayoría de estos fondos han sido liberados por vía judicial. De los más de 32 mil millones de pesos bloqueados: 23 mil 575 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales; 8 mil 247 millones de pesos por el Tribunal de Justicia Administrativa; y 5 mil 61 millones de pesos por la propia UIF.
En total, más de 36 mil 884 millones de pesos han sido desbloqueados, superando incluso el monto inicialmente retenido.
“Lo que la autoridad, que establece la incorporación de la lista de las personas bloqueadas, que finalmente es eliminada de la propia lista, es una cantidad mucho menor que lo que inmediatamente resuelven las autoridades antes del juicio”, argumentó Pablo Gómez.
Asimismo, dijo que México debe perseguir los estándares más altos en el combate al lavado de dinero, pero reprochó que el Poder Judicial no lo ha permitido.
“Tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y la persecución de los delitos predicados en lavado de dinero, pues de la más alta calidad, pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo”, lamentó.

Confían en la extradición de Gómez-Mont y su esposo

El Gobierno de México confía en que las autoridades de Estados Unidos autoricen la extradición de Inés Gómez-Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que la pareja huyó al vecino país del norte cuando se vio perseguida por la justicia mexicana; no obstante, el funcionario espera que puedan enfrentar sus procesos por presunto lavado de dinero.
“Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México, hasta este momento, esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos
“Así como ellos hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas, semejantes, y que son liberados por los jueces para que puedan usar, de nuevo, el sistema financiero, así estamos”, abundó.

Quince universidades privadas, El Economista y fideicomiso inmobiliario, en la lista de la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas bloqueadas al empresario Jorge Nacer Gobera, dueño de la Universidad ICEL y otras 14 marcas de universidades privadas, así como del periódico El Economista y el fideicomiso inmobiliario Fibra EDUCA, entre otros negocios.
Registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indican que Nacer promovió el 27 de marzo una demanda de amparo contra la UIF, para reclamar, específicamente, su inclusión en la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones en el sistema financiero.
El pasado lunes, la jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Ochoa Hernández, concedió a Nacer una suspensión contra el bloqueo de sus cuentas.