DPA

Ciudad de México

La prisión preventiva se usa en América Latina de manera “excesiva” y se ha convertido en un mal crónico que hace evidente el fracaso del sistema de justicia en la región, alertó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia”, afirmó el comisionado James Cavallaro, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
El organismo, dependiente de la Organización Interamericana de Derechos Humanos (OEA), presentó en la Ciudad de México un informe que propone medidas para reducir el uso de la prisión preventiva.
La prisión preventiva permite mantener detenida a una persona que está siendo investigada, antes de que sea presentada ante la justicia y sin que existan cargos formales.
De acuerdo con la CIDH, que realiza en la Ciudad de México su 164 periodo de sesiones, el promedio de personas en prisión preventiva en América latina es de 36.3 por ciento del total de la población penitenciaria, aunque en algunos países es superior a 60 por ciento.
El organismo afirmó que los Estados han hecho “importantes esfuerzos” para reducir su uso, pero manifestó su preocupación “por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para hacer efectiva la implementación de dichas medidas”. Por eso, los urgió a recurrir a esta figura de manera excepcional.
“La CIDH recuerda que la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida; además, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dice el informe.
Advirtió también que el uso excesivo de la prisión preventiva ha agravado también el hacinamiento carcelario, mientras que en algunos Estados, por el contrario, para reducir su uso se realizan procesos abreviados o inmediatos, que suelen afectar el derecho al debido proceso.