En la presentación del informe Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México, elaborado por Amnistía Internacional (AI), dos de los asistentes al acto alzaron la voz para denunciar que fueron objeto de una detención política, y otro más para decir que al menos 20 personas han desaparecido en la colonia Cerro del Cuatro en este año.
En su informe, AI subraya que la combinación de cuerpos de policía sin la capacitación adecuada, un sistema judicial deficiente y una impunidad generalizada fomentan la tortura, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Además, menciona que en México la policía detiene arbitrariamente de forma rutinaria a las personas para extorsionarlas. A la vez, es frecuente que los agentes fabriquen pruebas para demostrar que están combatiendo la delincuencia, o para castigar activistas de derechos humanos.
Tania Reneaum explicó que “la policía parece estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue nada, más que poner a todas las personas en el país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos”.
También mencionó que, con su informe, AI hace tres aportaciones: “La primera de ellas, es el rigor de la investigación y de las recomendaciones; la segunda, la manera en que los aproxima e interpela sobre la confianza ciudadana hacia las personas que operan el sistema de justicia penal, y la tercera aportación es que nos entrega evidencia empírica sobre la forma de actuación de las autoridades”.
Precisó que entre 2016 y mayo de 2017 fueron entrevistadas 25 personas que se desempeñaron o aún laboran en la operación del sistema de justicia penal. “Los funcionarios de distintas zonas geográficas del país, nos dieron su testimonio y en ocasiones, sin sorprenderse de que estamos haciendo una investigación sobre detenciones arbitrarias, asumían con un dejo de naturalidad que era una práctica cotidiana en el sistema de justicia penal”.
Prosigue: “Encontramos relatos de policías ministeriales que nos describen la falta de preparación, la indignidad de sus salarios, la precariedad de las condiciones laborales; las historias nos enfrentan al contrasentido de un estado que han hecho del sistema de justicia penal su herramienta favorita para resolver prácticamente todos los problemas sociales”.
AI recomendó que los operadores de justicia reciban salarios dignos, prestaciones sociales que correspondan al trabajo desempeñado y que cuenten con los materiales necesarios para sus labores.
Las violaciones a los derechos humanos más frecuentes al momento de la detención son: no informar de qué se les acusa, nula identificación de la autoridad aprehensora, y no poner a disposición de manera inmediata al arrestado ante la autoridad. Incluso, los informes policiales carecen de datos importantes como el nombre de los aprehensores, lugar, día, hora, circunstancias, y motivos.
La Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) mencionó que el año pasado las detenciones arbitrarias ocuparon el cuarto lugar en materia de violaciones de derechos humanos. Asimismo, informó que de 2006 a 2015 recibió más de 10 mil quejas por detenciones arbitrarias.
La CNDH también reportó que en México hay 250 mil personas en prisión, de éstas más de 95 mil están en espera de una resolución judicial. En ese sentido, AI “recomienda al Congreso de la Unión eliminar de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión sobre su adopción, en la determinación  individualizada que hagan los jueces”.
En el informe de AI que fue hecho público previamente en la Ciudad de México, también se presentan seis casos que ilustran las violaciones de derechos humanos derivadas de una detención arbitraria.

Detención política y
desapariciones

El primero en alzar la voz tras concluir la presentación del informe de AI fue el profesor Plácido Rodríguez Perales, quien aseguró haber sido presidente municipal en Ahuacatlán, Nayarit, así como profesor de una secundaria. Sin embargo, en 2007 fue detenido por presuntamente transportar droga.
Dijo que su encarcelamiento es una venganza del ex gobernador panista Emilio González Márquez, cuando se opuso a la construcción de un fraccionamiento Villa Fontana —propiedad de Valente Aguirre, amigo del ex mandatario—, donde se registró la depredación de un área verde.
Mostró un documento que emitió la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) en que se confirma que le fabricaron delitos y que su detención fue ilegal.
Después tomó la palabra el sacerdote Alberto Ruiz, quien informó que este domingo se oficiará una misa para pedir por los desaparecidos. Explicó que en este año, en la colonia Cerro del Cuatro ya suman 20 casos, mientras que en 2016 fueron 15.