Juan Alberto Cedillo / APRO

Saltillo, Coahuila

Representantes del ejido Bajío de Caborca, Sonora, denunciaron que hombres armados que trabajan para Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich, privaron de la libertad a José de Jesús Robledo Cruz, presidente del comisariado ejidal, y a otros ocho campesinos.
Manuel Jesús Hernández Collazo, tesorero del comisariado, relató que vecinos de Robledo Cruz vieron cuando los hombres armados lo subían a una camioneta Cheyenne blanca, con placas de circulación MU-8383-B del estado de Michoacán.
“La gobernadora Claudia Pavlovich ya tenía conocimiento de que su tío Rafael Pavlovich amenazó de muerte a Robledo Cruz, ya que los campesinos lo denunciaron y le llevaron escritos a su oficina exponiéndole el problema”, afirmó.
Hernández dijo que los ejidatarios identificaron a Luis Enrique Cruz Figueroa como uno de los pistoleros que “levantó” a Robledo Cruz y como alguien que trabaja para el tío de la mandataria sonorense en la custodia de la mina Dipolos.

Tío de Pavlovich, falso ejidatario que usufructúa una mina

Durante 17 años, la mina —propiedad de la empresa estadunidense Penmont— despojó ilegalmente de terrenos al ejido Bajío de Caborca para explotar oro. Después de un litigio, los ejidatarios ganaron legalmente el pleito, por lo que deben recibir una indemnización millonaria.
No obstante, un juez del Tribunal Agrario de Hermosillo incluyó de manera ilegal a Rafael Pavlovich Durazo como ejidatario, y actualmente es quien resguarda la mina para su propio beneficio y de su familia, denunció Hernández Collazo.
Según el tesorero del ejido, después de que Robledo Cruz fue privado de la libertad, sus vecinos siguieron a las tres camionetas en que se llevaron al presidente del comisariado y a otros ocho ejidatarios, y se dirigieron hacia la mina Dipolos.
Los campesinos se mantuvieron a cierta distancia y pidieron apoyo a la guarnición del ejército en Sonoyta, Sonora, que aseguró los apoyaría, pero después de ocho horas los militares dijeron que no era posible acudir al lugar.
“Mientras los vecinos esperaban el apoyo del ejército, arribaron tres patrullas de la policía municipal de Caborca y cinco de la policía estatal en apoyo de los sicarios, amenazando a los campesinos con desaparecerlos”, denunció Hernández Collazo.
Los ejidatarios se mantuvieron en el lugar hasta que fueron rodeados por al menos 50 elementos y obligados a retirarse.
“El presidente (del comisariado) y los ejidatarios continúan desaparecidos y los campesinos no se atreven a denunciar, pues las autoridades, lejos de servir a la población, trabajan para proteger a los delincuentes”, denunció el tesorero del ejido Bajío de Caborca.
Aseguró que en lugar de rescatar a las víctimas, los policías llegaron para proteger a los sicarios, y dejó en claro “que la señora gobernadora no es diferente a sus antecesores, ya que protege a sus familia de saqueadores”.