De los 211 mil internos registrados en octubre de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos cuatro de cada 10 reclusos fueron detenidos sin una orden de aprehensión ni en un periodo corto después haber cometido el supuesto crimen.
Así lo revela la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que mide las condiciones de precariedad en los centros penitenciarios, dijo ayer durante la presentación el titular del Inegi, Julio Santaella.
“Intuíamos las condiciones de precariedad de la vida penitenciaria, pero ahora por primera vez las hemos medido”, destacó.
De los 211 mil internos en prisiones federales, estatales o municipales, el 20 por ciento fue detenido en la calle y el 21.5 por ciento fue sacado de algún lugar privado, en ambos casos sin que hubiera una orden de aprehensión.
En tanto, el 25.5 por ciento fue arrestado inmediatamente después de cometer el presunto delito y el 13 por ciento durante la comisión del mismo, lo que se conoce como detención en flagrancia y que organizaciones como Amnistía Internacional han criticado por considerar que permite detenciones arbitrarias.
Sólo el 13.1 por ciento, es decir, 27 mil 600 personas de las 211 mil presas, fueron capturadas luego que un juez lo ordenara.
Un tercio de las detenciones las realizó la Policía Ministerial, otro tercio agentes municipales y el resto, elementos estatales, federales, Ejército, la Marina u otra autoridad.
Al momento de su detención, el 75.6 por ciento de los reos reconoce que sufrió violencia psicológica, como ser incomunicados, desvestidos o amenazados con el levantamiento de cargos falsos; mientras que 63.8 por ciento recibió algún daño físico, como golpes con puños u otros objetos, descargas eléctricas o violencia sexual.
La ENPOL, para la cual el Inegi visitó 338 centros penitenciarios en las 32 entidades federativas, revela también que el 24.3 por ciento de los encuestados reconoció que fue presionado o amenazado para declararse culpable. (Agencia Reforma / CDMX).