El presidente Enrique Peña Nieto informó que el costo de la reconstrucción y reparación de los daños que dejaron los sismos de septiembre será de 48 mil millones de pesos.
En un encuentro con un grupo de 70 periodistas, directivos de medios de comunicación y columnistas, integrantes del gabinete realizaron un balance de los daños provocados por los terremotos y de las acciones para atenderlos.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, explicó que un total de 12 millones de personas resultaron afectadas por los dos grandes sismos. Además, 12 entidades y más de 400 municipios resintieron daños importantes, por lo que se declaró emergencia en ellos.
Peña Nieto comentó que Oaxaca, Chiapas y Morelos son las entidades más afectadas y que en las dos primeras el desafío de la reconstrucción es mayor.
Realizado en la residencia oficial de Los Pinos, el encuentro permitió escuchar el balance en voz del presidente Peña Nieto. Admitió, por ejemplo, que 70 mil juchitecos están en la calle y que la economía de esa ciudad no se ha podido reactivar.
En Morelos, expresó, existe un clima político “un tanto crispado”, pero eso no impide coordinarse con el gobierno local en las tareas.
Agregó que el Infonavit tomará a su cargo la reconstrucción de Jojutla, el municipio más afectado de todo Morelos.
El reto mayor, dijo el presidente, es el de construir 180 mil viviendas en los estados afectados, lo que es hablar de una ciudad de un millón de habitantes, por lo que subrayó que algunas partidas del presupuesto deberán ser modificadas para atender la reconstrucción.

Crea SNA grupo para vigilar el destino de los recursos

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) acordó crear un grupo de trabajo para darle seguimiento a las acciones de control y fiscalización que se realizarán en el proceso de reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Este seguimiento, acordado durante la tercera sesión ordinaria de esta instancia, será realizado por las propias instituciones que conforman el comité, las cuales tienen atribuciones y facultades para intervenir.
Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada del control interno de todo el gobierno federal y en la víspera habilitó un formato en línea para recibir denuncias ciudadanas respecto de los apoyos que se están otorgando; en tanto, a la Auditoría Superior de la Federación le corresponde fiscalizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
En las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el comité determinó que la presidenta del comité, Jacqueline Peschard, elabore una propuesta para realizar una consulta pública nacional que contribuya al desarrollo de la política nacional anticorrupción.