Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada exigieron al Senado una reforma integral para crear una Fiscalía General la República de seis años, sin “pase automático” para el actual procurador general, Raúl Cervantes; alejada de las cuotas de partido y con plena autonomía.
El colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva entregó ayer a los legisladores un “dictamen ciudadano” para reformar el artículo 102 de la Constitución y garantizar una transición gradual entre la PGR y la FGR, nuevas facultades, mejoras en el proceso de designación, controles internos, supervisión ciudadana y autonomía de los servicios periciales.
Empresarios, activistas, investigadores y defensores de derechos humanos pidieron al Senado alejar a los partidos políticos de la designación del fiscal general y los cuatro fiscales especializados que contempla el nuevo andamiaje en materia electoral, anticorrupción, derechos humanos y asuntos internos.
De acuerdo con la propuesta, ninguno de ellos podrá acceder a esas posiciones si ejerció un cargo de elección popular cuatro años antes de su designación. Tampoco podrá tener acceso a una posición partidista dos años después de ejercer su función, lo que completa un círculo de seis años de “distancia” de las fuerzas políticas.
Los ciudadanos fueron recibidos por los integrantes de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el panista Ernesto Cordero.
En su exposición, aclararon que su propuesta no representa un veto para ningún personaje o funcionario y que el colectivo no tiene un candidato predeterminado para ocupar la Fiscalía General.
Sin embargo, la credibilidad de la nueva instancia de justicia nacional dependerá de que la designación de su titular sea legítima ante los ojos de la ciudadanía.
Por eso el “pase automático” es, a todas luces, “inaceptable”, dijo la directora de Fundar, Haydeé Pérez Garrido.
A nombre de las organizaciones, pidió que el texto constitucional otorgue a la fiscalía las facultades y los recursos para su eficaz funcionamiento, así como los controles democráticos adecuados.
El presidente Enrique Peña Nieto “ha enviado una iniciativa para suprimir el llamado ‘pase automático’. Coincidimos con esta iniciativa, pero la consideramos insuficiente”, precisó.
“El modelo constitucional que proponemos cuenta con un mecanismo de designación de su titular basado en la evaluación profesional mediante un procedimiento público en el que participan el Ejecutivo federal y el Senado de la República, acompañados por la observación y la opinión de una comisión ciudadana”.
La especialista Ana Lorena Delgadillo indicó que el perfil del fiscal contemplado en la legislación vigente también es insuficiente, ya que es indispensable valorar trayectoria, honorabilidad, independencia personal de cualquiera de los poderes y hasta sus valores democráticos.
Los representantes de las organizaciones civiles informaron a los senadores que la propuesta es producto de las nueve iniciativas presentadas por diversos actores políticos y que está basada en experiencias internacionales.

ONU y CNDH, por una fiscalía autónoma también

Jan Jarab, titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó al Senado a aprobar una reforma que garantice que el nuevo titular de la Fiscalía General de la República será independiente.
Jarab dijo que la reforma es necesaria para poner a México en la ruta correcta de la investigación y el castigo a las violaciones graves de derechos humanos.
“Sabemos todos que México enfrenta un problema crítico en materia de investigación y persecución del delito, la impunidad toca a los delitos comunes pero aún más a la investigación de graves violaciones de derechos humanos”, afirmó durante la presentación del informe legislativo de la senadora Angélica de la Peña.
“Nuestra oficina insta a al Senado de la República a que la instauración de la nueva Fiscalía General sea antecedida de una reforma constitucional que asegure la independencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y la rendición de cuentas, tal como lo han propuesto diversos actores políticos y sociales”.
El diplomático apuntó que el nuevo fiscal debe contar con la aprobación de la ciudadanía y ser elegido en un proceso democrático y transparente.