Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El Poder Judicial es una élite altamente profesionalizada, conformada en gran medida por personas blancas; no hay cabida para las personas indígenas, pues han sido excluidas, invisibilizadas y, por lo tanto, la mayoría de los jueces son insensibles ante las realidades de los pueblos originarios, denuncia en entrevista con El Sur Eduardo Martínez Gutiérrez, director de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales.
Esta organización promueve la formación judicial de personas indígenas para ocupar espacios en el Poder Judicial y juzgar con perspectiva intercultural y antirracista.
Zapoteco originario de Santiago Matatlán, Oaxaca, Eduardo y su equipo buscan que haya más jueces y juezas, magistradas y magistrados que hablen lenguas indígenas, pues en ese estado sólo dos jueces lo hacen, contra 33 por ciento de la población oaxaqueña –un millón 200 mil habitantes– que habla un idioma originario.
“Por lo tanto, 33 por ciento de los jueces y juezas debe ser hablante de lenguas indígenas”, enfatiza Martínez Gutiérrez. Y se tendrían que “reservar de 52 a 55 espacios para esta población”, propone.
“Creemos que, con eso, podríamos empezar a cambiar el sistema de justicia, volverlo más plural. Que existan personas más sensibles ante la realidad de las injusticias que viven los pueblos indígenas. Se requiere hacer un esquema en donde se forme exclusivamente a perfiles indígenas para que lleguen a ocupar esos cargos”, agrega.
–Esa falta de representación, ¿se repite en otras entidades del país, como Guerrero, vecino de Oaxaca?
–No hemos encontrado que algún Poder Judicial local desagregue los datos por grupo étnico. En el país ningún estado lo hace y en Oaxaca lo hicieron por un estudio específico de género que arrojó esos datos. Ni siquiera el Poder Judicial federal tiene esos datos como tal. Pero es una cuestión sistemática. Si en el estado con mayor población indígena y en donde el movimiento indígena es visible, es completamente invisible la presencia de personas indígenas en el Poder Judicial, no dudo que sea igual de invisible en otros lados.

Racismo, discriminación,
ignorancia e insensibilidad

La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales se percató de la falta de postulantes que hablan lengua indígena para el Poder Judicial a pesar de la diversidad lingüística que existe en México, donde se estima que más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena.
En los pueblos originarios hay más de 360 variantes lingüísticas. “Eso habla de una diversidad lingüística muy compleja, que implica también una diversidad cultural. Las personas hablan una lengua distinta y piensan de forma distinta”, contextualiza Eduardo.
Cuando los pueblos indígenas mantienen comunicación con el sistema de justicia, añade, enfrentan un choque lingüístico y, por lo tanto, un choque cultural y epistémico. “No hay forma de que el sistema de justicia se comunique con los pueblos y con las personas indígenas”, advierte.
Esto ha sometido a los pueblos durante mucho tiempo a numerosas violencias, lamenta, “y hemos encontrado de forma sistemática la violación de derechos lingüísticos de las personas indígenas”.
Cada seis meses, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales ingresa a los centros de detención y a los reclusorios para dialogar con las personas indígenas. “La situación que encontramos es sumamente difícil. En México existen 7 mil personas indígenas privadas de su libertad. De esa cantidad, más de 70 por ciento no tuvieron acceso a un intérprete durante su proceso judicial. Esas personas desconocen el estatus de su expediente judicial, los motivos de su detención, sus derechos y por lo tanto son susceptibles a actos de tortura”, expone.
Esta situación se debe a varios fenómenos, como el racismo y la discriminación, “que están arraigados profundamente en el sistema de justicia. Existe una tremenda insensibilidad por parte de los funcionarios judiciales, que además son ignorantes en temas de diversidad lingüística”.
Desconocen que las personas indígenas son hablantes de su propio idioma, que tienen una forma de pensar distinta y, por lo tanto, deben ser juzgados desde una perspectiva intercultural, con la presencia de un intérprete-traductor y al menos acompañados por un defensor, de acuerdo con la ley, con conocimiento de su lengua y su cultura.
“Esto desafortunadamente no pasa, por cuestiones presupuestales”, menciona Eduardo. “No existe en México una política pública en materia de interpretación y traducción. Desafortunadamente, las personas indígenas se enfrentan a un sistema de justicia en una lengua que no hablan y esto se debe a la insensibilidad de los funcionarios, fiscales y jueces. Como si ser hablante de una lengua indígena o no dominar el español fuera sinónimo de retraso mental”.
En este contexto de funcionarios que desconocen la diversidad lingüística y cultural, y que a través de sus sentencias reproducen estereotipos raciales, “los pueblos indígenas son vistos como salvajes, atrasados, incivilizados y se enfrenten a un sistema de justicia que es sumamente racista.
“Lo que hemos observado es que las personas que están en el sistema de justicia desconocen la diversidad y tratados de derechos humanos de pueblos indígenas. Obligan a que las personas indígenas renuncien a su derecho a un intérprete. Les dicen que el proceso va a tardar más porque no hay intérpretes y porque una audiencia con intérprete va a tener el doble de tiempo que una audiencia sin intérprete, porque lo que se dice en español se menciona en la lengua indígena”.

El PJ, “el espacio más clasista y
formalista que existe”

Para construir un sistema de justicia distinto al actual, antirracista e intercultural, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales propone que se garantice la llegada de personas indígenas a los espacios de toma de decisión. Por ejemplo, en el marco de la reforma judicial, no existió, como sí existe, por ejemplo, en el Poder Legislativo, una acción afirmativa que establezca un porcentaje de personas indígenas en estos espacios.
“La reforma judicial omitió completamente que haya un porcentaje de personas indígenas en el Poder Judicial. A nivel federal, no se desagregan los datos de pertenencia a un grupo étnico”, comenta Martínez Gutiérrez.
“A las personas que son juzgadoras se les divide por grupo etario y por género, hombres y mujeres. No existe un dato sobre si estas personas en el Poder Judicial son hablantes o no de una lengua indígena. Por lo tanto, existe una invisibilidad de las personas indígenas en el Poder Judicial”, subraya.
El estudio hecho en Oaxaca documenta que solamente dos jueces de los 160 con que cuenta Oaxaca hablan una lengua indígena. De los magistrados o magistradas, ninguno es hablante. A nivel federal, ningún ministro o ministra tampoco es hablante.
“De los ministros para abajo –señala Eduardo–, o de todos los cargos de jueces federales, magistrados de circuito, no tenemos información al respecto. El tema está completamente invisible a nivel federal.
“La reforma no lo contempló, pero las personas indígenas para llegar a esos espacios enfrentan muchísimas barreras. Si nos vamos a los datos, sólo 5 por ciento de la población universitaria en el país es hablante de una lengua originaria. Si acceden a maestrías y doctorados, va disminuyendo de forma gradual el número de personas indígenas.
“La segunda barrera a la que se van a enfrentar es la barrera económica: acceder a altos procesos de profesionalización. Tercero, las personas indígenas enfrentan barreras raciales en el sistema de justicia, que en el país es el espacio más clasista formalista que existe y excluye a las personas indígenas.
“La mayoría de los jueces federales, magistrados y ministros son blancos, lo que implica un tema de pigmentocracia. Estudios del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) arrojan que personas contratarían a personas indígenas solamente para cuestiones de limpieza, como mecánicos o para trabajos de obras, pero no como doctores, abogados u otras profesiones.
“Lamentablemente, aún tenemos arraigados estereotipos raciales en donde la alta profesionalización se relacionan con personas blancas”, remarca.
Al menos en Oaxaca, personas indígenas que están en el proceso electoral del Poder Judicial se enfrentan a estas mismas barreras económicas y raciales. “Otras personas que compiten por el mismo espacio han pasado por un alto proceso de formación, tienen mayores redes de apoyo y no enfrentan los estereotipos raciales”, dice Eduardo.
Dejar de ser el
eslabón más bajo

Cuenta el especialista de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales que en Oaxaca hay casos de jueces que son hablantes de lengua originaria pero han decidido invisibilizar su identidad indígena para no ser víctimas de discriminación y racismo en el Poder Judicial. “Si eso se vive en Oaxaca, seguramente se vive en Guerrero y a nivel federal”, afirma.
“Se inscribieron en el proceso –para la elección del próximo 1 de junio– personas que son hablantes de lengua indígena. Es visible la figura de Hugo Aguilar, que era subdirector en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Va para magistrado. Ser juzgador es una chamba completamente distinta. No basta con ser abogado, son muchos elementos que se requieren”, apunta Martínez Gutiérrez.
“En Oaxaca hemos detectado a gente que va a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la sala regional del mismo. Para jueces federales van dos personas que son hablantes de lengua indígena y una va para magistrado”.
La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales lanzará este año, con otras organizaciones, el proyecto de una escuela de alta formación judicial para personas indígenas, pensando en formar perfiles con una alta profesionalización de hablantes de lenguas indígenas para impulsarlos en 2027, cuando se va a renovar la otra mitad del Poder Judicial federal.
“Que sean hablantes pero que, además, conozcan derechos humanos, perspectiva intercultural y perspectiva antirracista, porque llegan personas hablantes en la Cámara de Diputados o de Senadores que desconocen esta perspectiva y a la hora de defender derechos de pueblos indígenas reproducen los estereotipos de género y racistas”, explica Eduardo. “Para que rompan completamente con los estereotipos que se dan todavía al interior del Poder Judicial”.
“En Oaxaca, la mayoría de personas indígenas dentro del Poder Judicial son secretarios judiciales o actuarios, que es el eslabón más bajo. Es un tema sistemático”, insiste.
“¿Pasará lo mismo en Guerrero? No hay que escarbarle mucho, si hubiera datos, veríamos lo mismo. Las pocas personas indígenas están en los espacios operativos y las personas no indígenas, blancas, están en los espacios de toma de decisión y encabezan los juzgados.
“Es una situación lamentable en el país y la reforma, de todo lo malo, al menos logró visibilizar un espacio que estaba completamente invisible y que es tan importante.
“Lo que nosotros estamos pensando –concluye Martínez Gutiérrez– es que la única forma para que las personas indígenas, puedan llegar a esos espacios, es que existan cuotas, acciones afirmativas, para compensar un poco. De otra forma, será complicado”.