Agencia Reforma

Ciudad de México

Las tres Ministras que buscan ser electas para seguir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), salvaron el autofinanciamiento de los candidatos a la elección judicial, que es el único permitido por la ley.
Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, únicas integrantes de la Corte que participarán en los comicios, rechazaron un proyecto que anulaba el artículo 522, numeral primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).
“Las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos”, se indica en el numeral.
Seis ministros votaron por invalidar, pero eran necesarios ocho votos y Margarita Ríos-Farjat no asistió a la sesión de este martes.
Las tres Ministras afines al Gobierno rechazaron declararse impedidas para resolver sobre este punto, pese a que el fallo les afecta directamente en su calidad de candidatas.
El Ministro Jorge Pardo propuso invalidar porque la Constitución prohíbe, de manera absoluta, el financiamiento privado y público para los candidatos judiciales, y este tipo de autofinanciamiento está clasificado como privado por la LEGIPE.
Además de violar la prohibición de financiamiento, Pardo alertó sobre el riesgo a la equidad en la contienda, pues algunos candidatos tienen mucho más dinero que otros.
“Se pone en riesgo la equidad pues dependerá de la capacidad adquisitiva de cada uno, podrán hacer más erogaciones quienes más recursos tengan, y menos quienes menos tengan, máxime que los candidatos a cargos nacionales tienen que difundir su candidatura en todo el país”, afirmó.
Juan Luis González Alcántara consideró absurda la prohibición absoluta de financiamiento que contiene la Constitución, pues sin dinero no puede haber campañas de ningún tipo, mientras que Alberto Pérez Dayán destacó que jueces en funciones que competirán en la elección perciben ingresos del erario.
“Autorizar los viáticos y gastos personales no vulnera la restricción de financiamiento privado, sino que hace posible la realización de actos de campaña permitidos”, replicó Ortiz.
Esquivel afirmó que la aportación personal de cada aspirante no debe confundirse con el financiamiento de personas o instituciones ajenas, mientras que Batres rechazó que los jueces en funciones en todos los casos puedan tener más recursos que otros candidatos, de los que no se puede presumir que estén desempleados.
No se sienten impedidas
A media discusión, el Ministro Javier Láynez preguntó si las Ministras no estarían en causa de impedimento, al estar votando una norma que afecta sus candidaturas.
Ellas respondieron que la Corte ha sostenido, reiteradamente, que los impedimentos no proceden en acciones de inconstitucionalidad, pues se requieren ocho votos para invalidar, y no es un proceso contencioso entre partes, sino un análisis de leyes en abstracto.
Enfatizaron, además, que el INE fijará topes al autofinanciamiento de los candidatos a cargos judiciales, que todos deberán respetar.
“Mas allá de cualquier interés personal que pudiera tener la suscrita, apoyar la inconstitucionalidad de este artículo implicaría dejar sin posibilidad de que haya campañas, o sea, estamos prácticamente desapareciendo o quitándole cualquier posible gasto personal que haga una persona, incluso para movilizarse y tener contacto con algún elector fuera de los que se encuentran alrededor de su domicilio”, dijo Batres.
La Ministra agregó que no podía tomar en serio un posible impedimento, cuando sus colegas que ya renunciaron y no participarán en la elección, repetidamente han manifestado su rechazo a esta reforma, es decir, todos estarían impedidos y no podrían discutir el tema.
“Ha sido una constante del Poder Judicial el tratar de obstruir el proceso”, dijo.
“Rechazo los adjetivos hacia el Poder Judicial de la Ministra Batres, incluso creo que no es tema de debate en este asunto, pero cada quien es libre de expresar lo que considere conveniente dentro del respeto que nos merecemos todos”, respondió la Presidenta Norma Piña.

Pasa ley secundaria sin cambios

La Corte votó acciones promovidas por el PRI y Movimiento Ciudadano contra la LEGIPE, y rechazó argumentos sobre vicios de procedimiento legislativo o falta de consulta previa a grupos vulnerables.
Pardo también propuso invalidar reformas a varios artículos sobre el procedimiento especial sancionador, que castiga infracciones en materia de propaganda política, y se tramita inicialmente ante una Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Como la reforma judicial ordena eliminar dicha Sala, ahora los procedimientos especiales serán resueltos en una sola instancia por la Sala Superior del Trife, con base en el expediente que le presente el INE.
El proyecto sostenía que se deben mantener dos instancias, para garantizar una defensa adecuada, ya que aplican principios del derecho penal.
Pero también en este tema, la votación fue 6 contra 3, con las Ministras afines al Gobierno defendiendo la eliminación del proceso de dos instancias.

Plantea el INE que votos a juzgadores locales y federales se depositen en la misma urna

En un intento por hacer más ágil la elección judicial y disminuir la confusión, el INE prevé que los votos para juzgadores federales y locales se depositen en la misma urna.
Así, el 1 de junio de 2025, en 17 de las 31 entidades del País, al elector le entregarán 12 boletas, seis para cargos federales y seis para locales. En los otros 15 estados sólo habrá elección federal.
“Se implementará la urna única para facilitar a las personas electoras la correcta colocación de los votos y, por ende, reducir el tiempo en la casilla seccional”, señala el acuerdo sobre las características de la casilla seccional, que aprobará este miércoles el Consejo General.
“Se dispondrá de una sola urna, o hasta dos en el centro (de la casilla), de tal forma que las personas electoras depositarán sus votos en esas únicas urnas sin distinguir tipo de elección, tampoco si es del ámbito federal o local”.
En el documento se confirma que, con la ampliación presupuestal de 800 millones de pesos, se podrían instalar 83 mil 997 casillas seccionales.

Taddei mantendrá facultad de nombrar a funcionarios sin pasar por el Consejo General

Las tres Ministras afines al Gobierno bloquearon ayer un proyecto que anulaba la reforma de octubre pasado, que permite a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) designar directamente a los altos funcionarios del órgano.
Por seis votos contra tres, el Pleno de la Corte consideró que esta reforma, que faculta a la presidenta Guadalupe Taddei para nombrar a los directores Ejecutivos y titulares de unidades Técnicas, atenta contra la autonomía del INE y genera inseguridad jurídica.
Las Ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron en contra, mientras que Margarita Ríos Farjat no asistió, pero ya no fue necesario esperar su presencia pues se requerían ocho votos, para invalidar parte del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).
La reforma al artículo 45 quitó el Consejo General del INE la facultad de aprobar los nombramientos de direcciones ejecutivas, que ahora Taddei puede realizar por su cuenta.