Nadia Rosales /?Agencia Reforma

Ciudad de México

Morena y el Partido del Trabajo (PT) continúan estirando la liga para lograr un acuerdo que permita aprobar la segunda propuesta de reforma electoral enviada por el Ejecutivo.
Con la mesa de diálogo aún abierta, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado retrasaron una hora el inicio de la sesión programada para hoy en la que se prevé dictaminar el proyecto que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Previo a la sesión de los órganos, los petistas volverían a encontrarse con el coordinador morenista, Ignacio Mier, en espera de lograr un consenso sobre la disposición que permitiría que la revocación de mandato de la presidenta se haga en junio del tercer o cuarto año de Gobierno.
“No van a soltar el dictamen ahorita sino hasta último momento porque el PT está pidiendo una condición”, dijo una fuente legislativa.
El pasado viernes, el mismo día en que Mier se reunió con líderes petistas, las Comisiones Unidas informaron a la Mesa Directiva que el horario de la sesión cambió.
“La reunión en la que se discutirá el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la Revocación de Mandato, se reprograma para ser llevada a cabo el lunes 23 de marzo del presente año, pero en horario de 18:00 horas” indica el oficio.
Benjamín Robles, comisionado político petista en Oaxaca, explicó en entrevista que el planteamiento del grupo es que la revocación no sea coincidente con las elecciones intermedias de 2027, para evitar que se viole el principio de equidad en la contienda.
El próximo año están en disputa 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, diputaciones locales de los 32 Congresos estatales y 2 mil 478 Ayuntamientos o Alcaldías en el País.
Frente a ese escenario, dijo, los propios morenistas podrían servirse de la imagen de la Presidenta, riesgo que -sostuvo- se le advirtió hace una semana a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por lo que el tema había quedado entre corchetes.
“Les dijimos: ‘eso no es democrático. No es conveniente, pone en riesgo a la Presidenta, pone en riesgo a nuestro sistema electoral al no haber piso parejo y planteamos que, si quieren que sea en 2027, (que) sea en agosto, como está estipulado en la ley; si quieren que sea en junio, puede ser en 2028 y que empate con la elección judicial”, indicó.
Robles precisó que el ejercicio de revocación nació con la intención de frenar a los malos Gobiernos si no cumplen con las expectativas, pero advirtió que hay sectores guindas que buscan servirse de que la Mandataria vaya a las urnas en 2027.
El dirigente petista sostuvo que están de acuerdo en reducir el número de integrantes de Cabildos y recortar los sueldos de los diputados locales y aseguró que se garantizará el principio de paridad.
En el pleno del Senado se necesitan 86 votos para que se apruebe la reforma constitucional. Sin embargo, la postura de los seis senadores del PT se conocerá hasta mañana, después de la entrevista con el morenista, Ignacio Mier.

Defiende Monreal Revocación de Mandato concurrente

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió empatar la Revocación de Mandato con elecciones al asegurar que aumentaría la participación, reduciría costos y permitiría que el ejercicio sea vinculante, sin garantizar ventajas al partido en el poder.
“La oposición ha sostenido que la concurrencia podría beneficiar al partido en el Gobierno. Sin embargo, ese argumento no resiste un análisis básico: si la evaluación ciudadana es negativa, una mayor participación no fortalece al poder, sino que lo expone”, señaló, ante críticas a la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El legislador agregó que se busca que la Revocación de Mandato deje de ser un mecanismo simbólico y tenga un efecto real en el ejercicio del poder.
No obstante, reconoció que la concurrencia no garantiza mayor participación. Como ejemplo, mencionó la elección judicial que coincidió con comicios en Durango y Veracruz, donde hubo baja afluencia por falta de articulación operativa.
Según su análisis, empatar elecciones reduciría el costo promedio por voto, de 102.5 pesos en 2021 a alrededor de 35 pesos si en 2027 coinciden gubernaturas, diputaciones y la Revocación.
“Este ejercicio no supone que el gasto total permanecería constante, pero sí permite observar el efecto de ampliar la base de participación sobre el costo por sufragio”, explicó.
Añadió que una mayor participación ayudaría a alcanzar el umbral necesario para que el resultado sea vinculante.
“En 2022, la participación quedó a más de 22 puntos de distancia. Con mayor concurrencia, esa brecha se reduce”, indicó.