Claudia Guerrero y Natalia Vitela / Agencia Reforma

Ciudad de México

Luego de que el Gobierno de México y los socios de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, pidieron dar por terminado el juicio civil iniciado en Miami en 2021 para recuperar 600 millones de dólares provenientes de contratos públicos, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta negociación sólo tiene que ver con la recuperación de recursos, y no con responsabilidades penales.
Al ser cuestionada sobre los acuerdos entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con los socios de García Luna: Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pint, la Mandataria afirmó que se trata de un juicio civil, mientras que el penal sigue su camino.
“El tema es esencialmente cómo se regresan los recursos, entonces ahí es donde hay este espacio de negociación, de cuántos recursos y cómo se regresan estos recursos, pero es independiente de que se siga la investigación y la responsabilidad; saben que es un juicio civil, no es penal en este caso”, indicó.
“En este juicio ya se reconoció por parte de la Juez que en efecto hay responsabilidades de García Luna y sus cómplices, y mientras sigue el juicio se están viendo las posibilidades para el regreso de los recursos a la Federación, para ser utilizados para beneficio público”, señaló la presidenta.
Grupo Reforma publicó que la UIF y la familia Weinberg, empresarios señalados como prestanombres de García Luna, informaron el martes a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade que llegaron a un “acuerdo confidencial”, por lo que pidieron desechar la demanda, que nunca llegó a un juicio con jurado.
“Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explica el escrito conjunto presentado ante la Jueza Lisa Walsh, quien, de aceptar la solicitud, sólo mantendrá jurisdicción sobe el caso para vigilar el cumplimiento del acuerdo.
El escrito agrega que las audiencias ante un Juez mexicano, necesarias para implementar el acuerdo, estaban agendadas para este lunes y martes.
Se trata de audiencias en las cuales los Weinberg acordarían convertirse en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de un criterio de oportunidad que les permitiría librar los cargos penales que enfrentan, a cambio de pagar una reparación del daño.
El litigio contra los Weinberg se enfocó sobre 28 inmuebles en Florida, comprados por empresas de papel que ellos crearon, de los que al menos 18 ya fueron vendidos por más de 28 millones de dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después.
Estos fondos seguramente serán parte de la reparación del daño que pagarán los Weinberg, como parte del trato con la FGR.