Érika Hernández / Agencia Reforma

Ciudad de México

Ante las críticas que ha recibido por negar que el INE investigue los acordeones en la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justificó que ni siquiera las notas periodísticas presentadas por los denunciantes tenían “información suficiente” para abrir una indagatoria.
El miércoles, con cuatro votos contra uno, la Sala Superior confirmó el desechamiento, por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, de una queja presentada por una organización civil en la que exigía investigar la distribución de acordeones.
Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, como sucede en todos los temas polémicos, votaron en bloque argumentando que no existían elementos para abrir una investigación. De manera inusual, con ellos votó Janine Otálora, mientras que Reyes Rodríguez fue el único que se pronunció en contra.
Esto provocó una lluvia de críticas, en las que se acusó al Tribunal de proteger al Gobierno y a Morena, pues la distribución de acordeones fue evidente. E incluso, REFORMA documentó la injerencia de los gobiernos de Nuevo León y la Ciudad de México en estas “guías de votación”, y dichas publicaciones estaban entre las pruebas presentadas por la organización civil.
En un pronunciamiento, la Sala Superior argumentó que se apegó a la línea jurisprudencial que obliga a la autoridad administrativa, en este caso el INE, a declarar improcedente aquellas denuncias que no contengan los elementos mínimos para poder iniciar una investigación.
“Es decir, la queja no expresó en ningún momento las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni los sujetos responsables, que habrían conformado los hechos infractores.
“En este caso, es importante destacar que las notas periodísticas en las que se apoyaba la denuncia en comento tampoco contenían la información suficiente y necesaria para abrir una indagatoria, esto sin demeritar su valor informativo y calidad profesional”, justificó.
Insistió en que, en ningún momento, la Sala Superior negó la apertura de una investigación sin fundamento alguno, sino por no contar con elementos suficientes.
El Trife tiene pendientes decenas de impugnaciones contra la elección del Poder Judicial, en las que le exigen anular dichos comicios por la distribución generalizada de acordeones, y entre las pruebas están notas periodísticas. Así, los magistrados tendrán que pronunciarse nuevamente sobre el tema.
“Es importante destacar que, ante la inminente llegada de otros asuntos que reúnan los requisitos de ley, éstos serán evaluados y, en su caso, sancionadas las probables faltas.
“Este órgano jurisdiccional reitera su respeto a todas las opiniones que surjan de su actividad y se mantiene abierto al escrutinio público”, apuntó el Tribunal en su nota informativa.

Corresponde a la Corte y no al Trife resolver impugnación sobre magistrados electorales: ONG

La organización Defensorxs acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de “robarse” su impugnación contra la elección de magistrados de la Sala Superior.
Miguel Alonso Meza argumentó que, conforme a la reforma judicial, la instancia que debe resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) canalizó su denuncia al TEPJF, y la revisará el magistrado Felipe Fuentes.
En la queja acusan que en la elección de magistrados de la Sala Superior también se registró una coacción del voto masiva, a través de acordeones, en los que, casualmente, se pedía votar por los dos candidatos que ganaron, Gilberto Bátiz y Claudia Valle.
“El Tribunal Electoral se robó la demanda que presentamos contra la elección judicial. Así, tal como lo escuchan.
“Esa demanda tenía que mandarse a la Suprema Corte porque el Tribunal Electoral no puede ser juez y parte en la elección de sus mismos integrantes. No lo decimos nosotros: así lo prevé la Constitución. El Tribunal se quedó con la demanda y la mantiene congelada en un cajón”, reclamó Meza.

Consejería Jurídica de Presidencia reactiva presión para que nuevos ministros resuelvan sobre prisión preventiva oficiosa

El Poder Ejecutivo reactivó la presión sobre la Suprema Corte de Justicia, para impedir que su actual integración fije un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió a la Corte, por segunda vez, que retire de la lista de sesión de Pleno el proyecto para ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en enero de 2023 ordenó a México dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución.
“Que el proyecto sea retirado de la lista oficial del Pleno, a fin de que el cumplimiento de la sentencia internacional se encuadre dentro de los cauces constitucionales y se garantice mediante una adecuada coordinación institucional”, pidió a la Corte el consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la CJEF, Raúl Jiménez Vázquez.
La presidenta de la Corte, Norma Piña, notificó este miércoles un acuerdo en el que se limitó a turnar el escrito de la CJEF al ministro Jorge Pardo, quien desde noviembre de 2023 presentó un proyecto sobre el tema.
El proyecto propone que no se aplique la prisión preventiva forzosa, sino sólo la justificada, es decir, que los Jueces decidan caso por caso si la persona debe estar recluida mientras se le juzga.

Pide Samuel García a legisladores realizar una reforma al PJ que no sea una copia de la federal

El gobernador Samuel García exhortó ayer a colegios de abogados, legisladores, integrantes del Poder Judicial y la academia, a colaborar para sacar adelante una reforma judicial completa, que no sea una copia de la federal.
Al participar en el Día del Abogado del Colegio de Abogados de Nuevo León, el Mandatario estatal pidió a todos trabajar en esta propuesta.
“La reforma nos obliga, al estado, que por cierto ya vamos en default, debimos haber legislado para marzo, es la gran tarea que tiene este Colegio de Abogados, de participar y juntos buscar la mejor reforma posible dentro del marco federal”, subrayó García.
“Tenemos hoy la oportunidad real de no limitarnos a un copy-paste para Nuevo León. Nuevo León no merece un copy-paste de lo que pasó a nivel federal. Nuevo León es mucha pieza para un copy-paste”.