Caterina Morbiato

El Sur / Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió, a solicitud de la Cámara de Diputados, una nueva prórroga para regular el uso y consumo de cannabis a nivel federal, ya que el 15 de diciembre se vencía el plazo para aprobar la legislación en la materia; ahora en San Lázaro tendrán hasta el 30 de abril de 2021, último día del siguiente periodo legislativo, para discutir y aprobar, en su caso, el dictamen que les turnó el Senado.
En un oficio emitido la tarde de este jueves y firmado por el secretario general de acuerdos de la SCJN, Rafael Coello, se explica que la decisión fue tomada considerando los riesgos derivados de la emergencia sanitaria por covid-19 y con la finalidad de que los diputados cuenten “con el tiempo necesario para ejercer sus atribuciones”.
No obstante, se trata de la cuarta ocasión en que los diputados no cumplen con los plazos establecidos por la Corte. El 29 de octubre de 2019, el Pleno de ministros –“de manera excepcional y por única ocasión”– otorgó una prórroga para que el Congreso de la Unión legislase sobre la regulación del cannabis antes del 30 de abril de 2020.

Debate interminable

El pasado 3 de diciembre la Comisión de Estupefacientes de la ONU retiró la mariguana de su lista de narcóticos de riesgo, dando así un paso hacia el reconocimiento de su potencial medicinal y terapéutico. Por el contrario, en México la legislación sobre el uso y consumo de esta planta parece no tener fin.
“México está perdiendo la oportunidad de hacer una legislación de avanzada y ser un referente internacional en la materia”, comentó en entrevista con El Sur el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
“Si ya Naciones Unidas elimina la mariguana de la lista IV –donde estaba junto a opioides letales como la heroína– y el Congreso de Estados Unidos está analizando su despenalización a nivel federal, no se entiende por qué México aún tiene resistencias. Es consecuencia de la herencia prohibitiva que tenemos desde hace un siglo”.
De acuerdo con el legislador, este rasgo punitivista todavía se observa en el proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis que se aprobó en el Senado el 19 de noviembre pasado y que, a pesar de “discriminar y castigar menos” sigue sin extirpar los estigmas que afectan a consumidores y a comunidades campesinas que desde siempre han producido mariguana.
“Esta ley estuvo atorada en el Senado por dos años y esto habla de que no le están dando prioridad a garantizar los derechos de las personas usuarias y garantizar el acceso a la planta, como lo determinó la Suprema Corte, no es importante”, enfatizó Jorge Herrera Valderrábano, cofundador del Instituto RIA, creado para promover políticas de drogas enfocadas en la justicia social y la construcción de paz.
“No necesariamente se pospone el debate hasta febrero para discutir ampliamente la ley –añadió–, sino que se hace simplemente para no tener la presión de la fecha límite de diciembre y porque también hay otros temas que quieren sacar en esta Legislatura”.
Herrera explicó a El Sur que para el próximo año los escenarios podrían ser dos: se conservaría el mismo proyecto de Ley o se le aplicarían cambios. En esta segunda posibilidad se podrían incluir algunas de las exigencias manifestadas por organizaciones civiles que apuntan a la cantidad de gramos permitidos para portación –un elemento que, señalan activistas, sigue criminalizando a las personas usuarias– y al tema de la inclusión de las comunidades campesinas en el mercado.
“Si deciden abrir la Ley para evaluar los comentarios que han recibido hay más riesgos: tenemos la oportunidad de que incorporen las exigencias de sociedad civil, y esto sería para mejorar el proyecto; o podría empeorar e incorporar las observaciones de los grandes capitales y de las empresas que también se han estado acercando al Congreso”, expuso Herrera.

Competencia entre desiguales

Al respecto, Álvarez Icaza subrayó la necesidad de fortalecer en la Ley los apartados que tratan la participación en el mercado de las comunidades productoras.
“Se requiere una política pública de protección y de estímulo. Si ponen a competir a desiguales –advirtió– lo que va a pasar es que van a ganar los grandotes. Si los productores mexicanos no tienen acceso a asesoría, no tienen recursos ni beneficios y los ponen a competir con esta agroindustria extranjera tan agresiva, en poco tiempo van a perder todas las licencias porque no van a poder competir”.
En el Plantón 420, instalado desde febrero de este año frente a la sede principal del Senado, Guadalupe Espejel, integrante del Movimiento Cannábico Mexicano, alertó acerca de los límites que tiene Ley Federal para la Regulación del Cannabis y de la necesidad de mejorarla para que las personas usuarias no sigan siendo criminalizadas.
“Con esta prórroga es importante que los diputados revisen el trabajo que los senadores les pasaron. Porque, a pesar de que los senadores tuvieron un Parlamento Abierto, no hicieron ninguna modificación.
“Por nueve meses estuvimos día y noche insistiendo para que tomaran en cuenta los derechos humanos: no se los pueden brincar y solamente abrir el mercado, que además ni será para los productores nacionales sino para los extranjeros que tienen los recursos”, lamentó.
Mientras que la emergencia sanitaria no disminuya, el Plantón 420 seguirá cerrado al público y las actividades organizadas por el Movimiento Cannábico Mexicano –por ejemplo, una exposición sobre derechos humanos y consumo de cannabis– serán virtuales y se podrá acceder a ellas en su sitio web.
“Lanzamos una convocatoria para que se empiece a protestar a nivel nacional –mencionó Guadalupe–. Sabemos que en cada estado la situación es diferente, no es lo mismo estar en Ciudad de México que en Michoacán. Por eso estamos monitoreando cada actividad: para estar informados, cuidarnos entre todos y ejercer la suficiente presión para que se dé un cambio”.