Destacados abogados de derechos humanos de México, además de periodistas y activistas anticorrupción, fueron blanco de espionaje llevado a cabo con un software avanzado vendido al gobierno mexicano, reveló ayer The New York Times.
Entre ellos se encuentran los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o académicos que han colaborado en la redacción de legislación para luchar contra la corrupción.
También han sido víctimas de espionaje, según el medio, dos de los periodistas mexicanos más influyentes, y un estadunidense que representa un caso de abuso sexual por parte de la policía, todo ello llevado a cabo con programas vendidos bajo la premisa de que serían utilizados sólo para investigar a criminales y terroristas.
Al menos tres agencias federales mexicanas han invertido 80 millones de dólares desde 2011 en el software espía Pegasus, un producto de una compañía israelí que se infiltra en los teléfonos móviles para seguir todas sus actividades y utiliza incluso su cámara y micrófono para vigilar al propietario del dispositivo.
Según la empresa que fabrica el spyware, NSO Group, la herramienta se vende sólo a gobiernos, que se comprometen a utilizarlo únicamente en la lucha contra el terrorismo o grupos criminales, que en el caso de México han secuestrado y asesinado a ciudadanos durante años.
Sin embargo, según docenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas independientes, el software ha sido utilizado contra algunos de los críticos del gobierno mexicano más destacados y sus familias, en lo que ha sido calificado por expertos como un “intento sin precedentes de impedir la lucha contra la corrupción”.
“Somos los nuevos enemigos del estado”, afirmó el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, víctima de este espionaje.
Según la ley, sólo un juez federal puede autorizar el seguimiento de comunicaciones privadas cuando se demuestra una base sólida para su petición.
Por lo tanto, es “muy poco probable” que el gobierno haya recibido aprobación judicial para acceder a los teléfonos móviles, según apuntaron al diario varios antiguos miembros de agencias de inteligencia mexicanas.
“Las agencias de seguridad de México no pedirían autorización porque no se la darían. ¿Cómo va a autorizar un juez seguimiento de alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”, afirmó Eduardo Guerrero, antiguo analista del Centro para la Investigación y Seguridad Nacional del país.
“No hay ninguna base para esa intervención, pero eso da lo mismo. Nadie en México pide permiso para hacerlo”, agregó.
The New York Times describió cómo varias de las víctimas recibieron correos falsos, con advertencias, por ejemplo, de la presencia de vehículos repletos de hombres armados delante de sus residencias, para llevarles a pinchar en enlaces que permiten el acceso del software de espionaje a los móviles.
Según el diario, el gobierno mexicano admitió llevar a cabo actividades de espionaje contra sospechosos legítimos de acuerdo con la legislación del país, pero negó “categóricamente” que se haga contra defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción o periodistas “sin autorización judicial previa”.
Pese a los argumentos del diario neoyorquino, el medio señala que no hay pruebas firmes de que el gobierno mexicano sea el que ha utilizado el software para espiar a sus críticos, puesto que el programa está diseñado para que no se pueda identificar al autor del hackeo.
Sin embargo, el fabricante subraya que es muy poco probable que el programa haya llegado a las manos de criminales y esté siendo utilizado por ellos, ya que sólo puede ser usado por agencias del gobierno en las que haya sido instalado.

Presidencia dice que “no
hay pruebas”

La Presidencia de la República rechazó espiar a activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias gubernamentales estén involucradas, contra la informado ayer por el New York Times y diferentes organizaciones de la sociedad civil en México.
La comunicación difundida poco después de las seis de la tarde por el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández está firmada por Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia.
“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, expone al inicio.
Aunque está documentado que el software malicioso sólo puede ser adquirido por agencias gubernamentales y que el informe mencionado apunta al gobierno de Peña Nieto, la Presidencia de la República rechazó ser el espía y afirmó:
“Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho. Por lo tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Breve, de apenas tres párrafos, la Presidencia llamó a los afectados a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que esa dependencia inicie las investigaciones correspondientes.