Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que lo llame a declarar en el proceso que le sigue a su antecesor, Javier Duarte, para que aporte pruebas en su contra.
En un mensaje, afirmó ayer que tiene una serie de grabaciones que él hizo a la red de colaboradores del ex priista y que demuestran el desfalco millonario durante su Administración.
“Hoy anuncio que solicitaré a la Procuraduría General de la República que me llame a declarar como testigo y aportaré las pruebas que tengo en mi poder para acreditar que efectivamente lo que hubo en Veracruz no fue un Gobierno, sino una banda de delincuentes organizados”, dijo.
“Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte, de las mismas se desprenden elementos probatorios que de manera indubitable permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos”.
Yunes aseguró que las videograbaciones que aportará a la PGR son pruebas lícitas y mostró un disco duro que contiene las filmaciones.
“Daré también mi testimonio que tuve en Canadá con Moisés Mansur, en la Ciudad de México con José Juan Janeiro y Antonio Bandín, y en Veracruz con Franky González, uno de los principales cómplices de Javier Duarte”, expuso.
Asimismo, pidió llamar a comparecer a la esposa del ex gobernador, Karime Macías, y al ex gobernador Fidel Herrera.

Otorgan 426 millones a la PGR y muestra fallas en el caso Duarte

En los últimos 2 años, la PGR recibió 426.6 millones de pesos para capacitar a funcionarios y adecuar instalaciones al nuevo sistema de juicios orales, pero falló en su primera audiencia del caso Javier Duarte.
Los fondos fueron destinados a la Unidad Especializada en la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, encargada de capacitar al personal.
También debe coordinar una reorganización institucional y desarrollar infraestructura para que la reforma se implemente gradualmente al interior de la Procuraduría.
Pese a ello, la Procuraduría reconoció el 15 de febrero que sus funcionarios aún no estaban preparados en el nuevo sistema penal, según un escrito dirigido al Senado.
“La arquitectura institucional de la PGR no es la idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversarial.
“Tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden”, admitió el Procurador Raúl Cervantes en su reporte.
El informe describía que los operadores de las nuevas leyes penales nacionales, como Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales de Investigación y peritos no habían adquirido las capacidades elementales para los juicios orales.
El lunes, el ex gobernador Duarte exhibió a los fiscales de la PGR durante la audiencia de imputación y, con sólo 12 preguntas, puso en duda el 90 por ciento del desvío que se le imputa por 439.6 millones de pesos.