En una de sus editoriales de este martes, el periódico estadunidense New York Times volvió a abordar el espionaje a activistas y periodistas y solicitó que el Presidente Enrique Peña Nieto sea sincero cuando dice que aceptará ayuda extranjera para indagar el hecho.
El diario indica que este ‘obvio’ abuso de la teconología Pegasus, el spyware israelí, amerita otra investigación internacional, puesto que la imagen del país sólo se ha visto empeorada.
De acuerdo con lo publicado por un reportero del Times, primero llegó la revelación de que destacados luchadores anticorrupción mexicanos, activistas de derechos humanos y otros críticos del gobierno fueron objeto de vigilancia con un sofisticado software espía vendido al gobierno mexicano, para combatir el crimen y el terrorismo.
Después, según el diario, vino la “sorprendente” adición de que un equipo internacional encargado de investigar la desaparición de 43 estudiantes, también estaba siendo vigilado con el software espía conocido como Pegasus, que secretamente monitorea los teléfonos celulares.
El editorial agrega que las alarmantes revelaciones plantean dos cuestiones relacionadas. Una es el abuso por el gobierno –o por algunos elementos deshonestos en él– de la tecnología de ciberguerra altamente sofisticada y costosa. México ha negado la responsabilidad por el espionaje, pero adquirió el armamento; el haberlo usado contra los ciudadanos plantea profundas cuestiones legales y éticas, especialmente para un gobierno que ya se enfrenta a severas críticas sobre los derechos humanos.
La otra cuestión, según el NYT, es si los vendedores comerciales de herramientas de vigilancia masiva, por bien intencionados que sean, pueden realmente controlar cómo se utilizan. En este caso, el Grupo NSO, una firma israelí, dijo que vendió Pegasus a los gobiernos, sólo después de comprobar sus prácticas de derechos humanos y sólo con la condición de que se utilizara únicamente para el seguimiento de criminales y los terroristas. Sin embargo, NSO admitió que después de venderlo, no tenía control sobre cómo se utilizó el spyware; y una vez descubierto en un teléfono, no es posible determinar quién lo plantó.
Lo que se sabe es que las agencias federales mexicanas han gastado, desde 2011, cerca de 80 millones de dólares en el spyware creado por NSO, que fue desplegado contra académicos, abogados, periodistas influyentes y miembros de su familia, y un grupo de investigadores internacionales.
Según el reportaje compartido ayer por Azam Ahmed, reportero del NYT, los investigadores fueron asignados, con el consentimiento de México, a examinar la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014.
El gobierno afirmó que los policías locales y una banda de narcotraficantes para los que trabajaban mataron a los estudiantes. Meses de protestas públicas obligaron al gobierno a aceptar una investigación externa, pero una vez que ésta puso en duda su versión, el equipo estuvo bajo acoso y vigilancia.
Los investigadores abandonaron México en abril de 2016, y el caso sigue siendo un misterio. De acuerdo con el editorial del NYT, la desaparición de normalistas ya ha causado grandes daños al país y al presidente Peña Nieto, quien asumió el cargo prometiendo cambiar la imagen de la nación.
Además, el diario estadunidense indicó que se debe hacer mucho más para controlar y controlar el spyware comercial, pues la tentación de que los gobiernos abusen de ella es intensa, y las prohibiciones de fabricantes como el Grupo NSO son obviamente insuficientes.
Ven ONG mala fe por espionaje

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa dudaron de la buena voluntad del gobierno federal tras confirmarse que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibieron mensajes con el programa espía Pegasus.
El laboratorio canadiense Citizen Lab comprobó que mensajes recibidos por el GIEI en marzo de 2016 contenían enlaces maliciosos vinculados a la infraestructura de la empresa israelí NSO Group, fabricante de Pegasus, un spyware que afirma vender sólo a agencias gubernamentales.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y una de las personas que han presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la infección de su teléfono con Pegasus, destacó que el GIEI fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El principio del derecho internacional de los derechos humanos y de la asistencia técnica es la buena fe, y si hubieron intentos de espionaje en contra del GIEI provenientes de sectores estatales, claramente estaríamos ante una evidencia de que esa fe nunca existió”, planteó.
Aguirre agregó que esto puede tener implicaciones de derecho internacional para México, en particular en el sistema interamericano de protección a derechos humanos, pues el GIEI llegó al país a petición formal del Estado mexicano, que se comprometió a brindar inmunidad diplomática a sus integrantes.
“Se continúa mostrando a un Estado mexicano que, a pesar del discurso, en la práctica sigue teniendo expresiones de mala fe respecto a los mecanismos internacionales y esto da cuenta de un régimen que no está abierto al escrutinio internacional genuinamente”, expuso.
En tanto, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó la figura novedosa que se logró al conformar al GIEI.
“Pero ahí está el gran tema, ¿hasta dónde el gobierno mexicano iba a aceptar que esta asistencia técnica realmente fuera independiente?”, cuestionó Barrera, uno de los primeros defensores en tomar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Independientemente de que sea un aporte sustantivo para mejorar las investigaciones, todos los actores civiles nacionales e internacionales siempre estamos bajo la mira de la observación policiaca, una percepción conspirativa que tienen las autoridades, y esto es una postura retrógrada”. (Con información del New York Times).