Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Poder Ejecutivo pidió a la Suprema Corte de Justicia abstenerse de fijar un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva, con el argumento de que los ministros electos este domingo son quienes deberían resolver.
“Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1 de septiembre de 2025 las ministras y ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al pleno de la Corte retire el proyecto de resolución listado para que su estudio, discusión y eventual resolución, sea realizado por la integración que derive de las elecciones que renovarán al Poder Judicial de la Federación (PJF)”, señala la petición.
El escrito fue presentado el lunes pasado por Raúl Jiménez Vázquez, consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), pero por ahora el caso no ha sido retirado de la lista.
El asunto es un expediente para que el PJF ejecute una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en enero de 2023 ordenó a México dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, prevista en el artículo 19 de la Constitución.
Desde noviembre de 2023, el ministro Jorge Pardo repartió un proyecto que proponía que sólo se aplique la prisión preventiva justificada, es decir, que los jueces decidan caso por caso si la persona debe estar recluida mientras se le juzga.
Se trata de un proyecto particularmente preocupante para el Gobierno porque puede ser aprobado con seis votos, es decir, las tres ministras afines a Morena no podrían bloquearlo, al no requerir votación calificada de ocho.
El asunto fue listado para sesión el 23 de enero de 2024, pero desde entonces se ha aplazado, ante presiones del Gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las fiscalías, tanto la federal como las estatales.
Esta semana, el expediente llegó a ocupar el cuarto lugar en la lista del pleno, pero ahora está en el noveno, y a partir de junio la Corte ya sólo tendrá sesiones públicas los martes, hasta la última prevista para el 12 de agosto.

La Corte desecha denuncias contra la ministra Yasmín Esquivel por plagio de tesis

La Suprema Corte de Justicia desechó las denuncias que ciudadanos presentaron contra la ministra Yasmín Esquivel a principios de 2023 para fincarle responsabilidad por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte estableció que los ministros y ministras no pueden ser sujetos a sanciones por responsabilidad administrativa, porque no existe un marco legal que lo permita, por lo que todas las denuncias de este tipo deben ser desechadas.
Esquivel es una de las tres ministras afines al Gobierno que compiten en la elección judicial de este domingo.
La Corte discutió este asunto el pasado 3 de marzo, en sesión privada en la que participó Esquivel, pero hasta ayer notificó la resolución, que derivó de una consulta planteada por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).
“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se le has conferido”, explica el fallo.
Agrega que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que inicia funciones en septiembre, tampoco podrá fincar responsabilidades a integrantes de la Corte, ya que la Constitución solo permite que sean removidos del cargo por juicio político, o por juicio de procedencia para ser acusados penalmente por algún delito, es decir, cuentan con garantías especialmente reforzadas.