César Martínez /Agencia Reforma

Ciudad de México

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano que indague a agencias estatales por el espionaje a través del programa Pegasus.
“En particular, la Relatoría Especial llama al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos y, con ese fin, disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con la sociedad civil y los afectados”, estableció.
El órgano expresó su preocupación por las denuncias por espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos, que en fechas recientes se amplió a políticos e incluso a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboraron en el caso Ayotzinapa.
“La Relatoría Especial recuerda que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo”, señaló la CIDH.
“La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina, deben ser drásticamente sancionadas”.
A cargo del abogado y periodista uruguayo Edison Lanza, la relatoría pidió a México garantizar una investigación exhaustiva e independiente y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables.
También consideró que corresponde al Estado garantizar el derecho a acceder a información pública sobre los programas de vigilancia o espionaje que posee el Gobierno, incluidos los controles que existen para su uso.
“Esta obligación abarca la información sobre su marco regulatorio, los contratos para la adquisición de estos programas, los protocolos y procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos”, indicó.