Abogados de las 11 mujeres violentadas sexualmente hace 11 años en el municipio mexiquense San Salvador Atenco, además de los representantes del Estado mexicano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron sus últimos alegatos ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Después de una intensa jornada de análisis del caso, en el que el nombre del presidente Enrique Peña Nieto fue pronunciado a instancias de un miembro de la Corte, se evidenciaron una vez más las posiciones contrarias de las partes.
Mientras el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, insistía en que desde marzo de 2013 el Estado mexicano había reconocido su responsabilidad en las violaciones a derechos humanos de las mujeres durante una audiencia en la CIDH en Washington, DC, la comisionada Margarette May Macaulay y las representantes de las víctimas coincidían en que sin verdad ni justicia –que es lo que piden las víctimas– el pronunciamiento oficial es insuficiente.
Ruiz Cabañas defendió el operativo policiaco de hace 11 años, el que presuntamente tenía como fin “el desbloqueo de una autopista y liberar a policías retenidos” por activistas de Atenco, para considerar enseguida que fueron actuaciones aisladas de los agentes del Estado de México los que violaron los derechos humanos de las mujeres.
El funcionario exhortó a los miembros de la CoIDH a que tomaran como análisis de contexto las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “que no identifican responsabilidades de mandos superiores ni la participación de policías federales”.
La ambigüedad del planteamiento que hizo Ruiz Cabañas provocó que el juez chileno Eduardo Vio Grossi preguntara al diplomático mexicano: “¿a qué reconocimiento de responsabilidad se refiere?”, luego de que el funcionario de la SRE cuestionara a la CIDH por haber tramitado el caso ante la CoIDH, y responsabilizara a las víctimas de no aceptar la propuesta de indemnización y de otorgamiento de becas, entre otras medidas plateadas por el gobierno mexicano.
La comisionada de la CIDH, May Macaulay, puntualizó que después de 11 años de ocurridos los hechos, éstos siguen en la impunidad, y que durante este lapso el Estado mexicano “no hizo esfuerzos para avanzar en la investigación”, tan es así que en un primer momento “no se cotejaron con los policías las muestras de semen tomadas de una de víctimas”, y cuando una de ellas logró identificar a uno de sus agresores “se le procesó por actos libidinosos, y ante la inconsistencia de la acusación, salió libre”.
Abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, que representan a las víctimas, calificaron como “falsa” la información de los funcionarios del gobierno mexicano de que 52 presuntos responsables están siendo procesados.
Araceli Olivos Portugal narró que 10 de los consignados recientemente fueron liberados, y que 10 más también están a punto de ser puestos en libertad, por negligencia de las autoridades.
La defensora Stephanie Brewer insistió en que lo que las mujeres han buscado durante los últimos años es verdad y justicia, por lo que cualquier medida de reparación que no esté acompañada de esos elementos no puede ser aceptada por ellas.
La abogada Florencia Reggiardo resaltó que las mujeres de Atenco buscan medidas de no repetición, toda vez que “la tortura sexual parece reflejar conductas aceptadas por el modelo policiaco en México”.
Las representantes pidieron a los miembros de la CoIDH ordenar al Estado mexicano que se investiguen “los distintos niveles de responsabilidad en la cadena de mando” para evitar que el caso quede en la impunidad.
Al término de las exposiciones, los jueces solicitaron información adicional a ambas partes, la cual tendrá que ser transmitida a más tardar el 17 de diciembre, para que los jueces emitan su veredicto final.

Deslinda SRE a altos funcionarios

En nombre del Estado mexicano, el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas reiteró que no existe evidencia para comprobar que la actuación policiaca en San Salvador Atenco respondió a instrucciones o fueron permitidas por funcionarios de alto rango.
“Hubo falta de preparación, capacitación y legislación para realizar los operativos, lo cual tuvo como consecuencia que al momento de implementar los operativos, muchos agentes se alejaran del marco de la ley”, admitió.
Ruiz Cabañas retomó la investigación de la SCJN de 2009, que no halló evidencias para determinar máximos responsables por estos abusos, ocurridos durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.