Familias damnificadas de Oaxaca solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto un nuevo censo de viviendas en sus comunidades puesto que hay casas afectadas por los sismos que no fueron incluidos.
En su gira por Santo Domingo Ingenio, Peña Nieto argumentó que hubo una depuración del registro de entrega de tarjetas porque encontraron que en las listas había domicilios que, cuando los funcionarios los visitaron, las viviendas no tenían daños.
“Y sí nos hemos encontrado con algunos casos de personas que originalmente resultaron censadas y que, a la hora de llegar con el apoyo económico, resulta que no tienen afectaciones en su vivienda, y esos apoyos no se están entregando”, dijo.
El jefe del Ejecutivo federal mencionó que ahora solamente están entregando los apoyos a aquellos que realmente tuvieron perjuicios en sus viviendas.
El presidente pidió que quienes tengan sufrieron afectaciones por los sismos y las réplicas y no han sido apoyados, acudan a las mesas de aclaraciones para corregir la situación.
Una vez que el Peña Nieto aterrizó en la comunidad oaxaqueña, en la que mil hogares resultaron afectados y de ellos 200 tendrán que volver a construirse totalmente, optó por manejar una camioneta Suburban, algo inusual, pues sólo lo hace cuando se inaugura alguna vialidad.
El mandatario estuvo acompañado por el empresario Carlos Slim, quien informó que lo recaudado por su Fundación se destinará a todas las entidades afectadas, en coordinación con el gobierno estatal.

Sin fondos, sin empleo y sin techo

El presidente regresó a Oaxaca en medio de marchas, bloqueos carreteros y cuestionamientos a los programas de reconstrucción por los sismos, debido a que las tarjetas bancarias para la reconstrucción no tienen dinero y las de materiales fueron retenidas por Bansefi.
Un grupo de damnificados de Ixtepec realizó una marcha para exigir al gobierno federal y estatal recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para reconstruir sus viviendas.
En tanto que integrantes de comunidades indígenas del Istmo realizaron dos bloqueos carreteros, uno en inmediaciones de El Ajal y el crucero a Boca del Monte para exigir una mesa de diálogo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a fin de resolver cientos de irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los terremotos.
Demandaron la entrega del programa de empleo temporal a los afectados, programas de recuperación económica a las productoras de totopo y pequeños comerciantes. Y exigieron transparencia en el ejercicio del recurso público.

Hospital a la intemperie y corrupción

A la par, trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron las pésimas condiciones en que están laborando desde el jueves 7 septiembre, fecha en que el Hospital Regional de Juchitán Macedonio Benítez Fuentes quedó totalmente destruido.
Cuestionaron al secretario de Salud federal, José Narro Robles, y al estatal, Celestino Alonso Álvarez, por mantenerlos en un lugar inadecuado, primero expuestos al sol, luego a las lluvias, el lodazal y ahora al viento y polvo.
Las autoridades federales y estatales tomaron la decisión de instalarlos en el campo deportivo del Canal 33 por el simple hecho de ser más visible a los ojos de la población y porque tendría mayor impacto político.
Pese a que los trabajadores argumentaron que no era el lugar adecuado, por no contar con drenaje, luz eléctrica especial para equipos, pavimentación, ni sanitarios, fueron instalados ahí y ahora padecen los vientos que en esta temporada alcanzan de 130 a 150 kilómetros por hora.
De igual forma, cuestionaron a la presidenta municipal perredista, Gloria Sánchez López, quien “jamás ha volteado a ver las condiciones en que laboran”.
La delegada sindical del hospital, Yolanda Sánchez Ulloa, manifestó que “el tiempo nos ha dado la razón a los trabajadores de que no era el lugar adecuado. Primero el sol candente; después llegaron las lluvias que inundaron las carpas donde se hospitalizan los pacientes, el terreno se convierte en lodazal y charcos de agua, y ahora el viento”.
A pesar de esas malas condiciones, dijo, las unidades móviles han otorgado más de 3 mil consultas y 300 atenciones de traumatología, donde a diario nacen de 8 a 10 niños.
También han realizado más de 20 cirugías no obstétricas, atendido a baleados porque la violencia no para en la ciudad, entonces, “seguimos trabajando igual o más que antes del terremoto”.
Por ello, cuestionaron a Peña Nieto, a Murat y a las autoridades de Salud: “¿Acaso no merecemos un mejor lugar a pesar de que el hospital de Juchitán tiene bajo su responsabilidad a más de 130 mil habitantes?
También preguntaron por el destino de las “donaciones millonarias hechas por los empresarios mexicanos y otros países como para que no alcance para que nos habiliten consultorios, quirófanos, cuartos de especialización y cocina

Y están los que roban los apoyos

A esta situación se suma el escándalo de la ex presidenta y ex diputada del PRI, Adelina Rasgado, quien cobró los apoyos de tres viviendas sin ser damnificada; o del delegado de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Saulo Chávez, que favoreció a su mamá.
O el caso de la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, que destinó más de un millón de pesos para “apoyar” a parte de su cabildo como “damnificados”.
O del presidente municipal de San Miguel Chimalapas, Fernando Miguel Contreras, que embodegó las despensas.
El problema más reciente que han denunciado en Juchitán, Ixtaltepec e Ixhuatán es que damnificados por los sismos a los que entregaron tarjetas electrónicas para cobrar recursos del Fonden para mano de obra y materiales, carecen de fondos.
En Ixhuatán, en los sobres que está repartiendo el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) deben venir dos tarjetas, una por mano de obra y otra por materiales.
Sin embargo, al momento de entregar el sobre con el contrato, los funcionarios están retirando la tarjeta de materiales sin dar mayor explicación, aprovechándose de que la mayoría de la población no sabe leer ni escribir.