Agencia Reforma y Redacción

Ciudad de México / El Sur

Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal al Gobierno de Sinaloa, en medio de las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos.
“Ante el anuncio que hace el día de hoy la Fiscalía General de la República respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa, me dirijo al pueblo de este gran estado para manifestar lo siguiente”, leyó el gobernador morenista en un mensaje.
“Uno, tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental.
“México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo. Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana.
“Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”, concluyó.
Al igual que Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia al cargo.
En sesión extraordinaria, el Cabildo de Culiacán aprobó por unanimidad la licencia por 10 días del edil, quien, junto con Rocha, el senador morenista Enrique Inzunza y otros funcionarios sinaloenses, fue señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En tanto, Ana Miriam Ramos Villarreal fue nombrada alcaldesa provisional de Culiacán

Carece de pruebas y no es urgente la solicitud enviada por EU: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) frenó la posible detención del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más al concluir que la solicitud enviada por autoridades de Estados Unidos carece de pruebas, fundamentos y no acredita urgencia, requisitos indispensables para proceder a una medida cautelar con fines de extradición.
Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, área a la que está adscrita la Fiscalía de Asuntos Internacionales, dejó claro que no existe una solicitud formal de extradición, sino únicamente un pedimento para la detención provisional de 10 personas.
“Es importante aclarar a la opinión pública nacional que no se trata de un procedimiento de extradición formal, sino de la presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”, sostuvo.
Señaló que el pedimento fue revisado conforme al tratado bilateral de extradición y la legislación mexicana vigente.
“El pedimento de esta provisional fue examinado por el área de asuntos internacionales, con apego a la norma derivada del tratado bilateral con Estados Unidos e igualmente apego al derecho aplicable a la materia vigente en nuestro país”, indicó.
Tras la revisión, concluyó: “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”.
Añadió que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga viable el otorgamiento de la medida. “La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso”, añadió.
Ante ello, informó que la FGR pedirá a la SRE que solicite a las autoridades estadunidenses remitir pruebas y argumentos “por las vías que garanticen la confidencialidad de la información”, a fin de estar en posibilidad de fijar una postura institucional.
“Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional, en términos de nuestra legislación y de acuerdo con al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”, expuso. “Afirmamos categóricamente nada ni nadie por encima de la ley”.
Jiménez Vázquez precisó que será hasta contar con la información adicional cuando se realice un segundo análisis para determinar si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 11 del tratado bilateral de extradición.
“En este momento es imposible emitir un juicio que pudiera conllevar un posicionamiento institucional”.

La Jucopo del Senado pide a EU presentar pruebas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, pidió a EU presentar pruebas de las acusaciones por narcotráfico.
A través de un posicionamiento, el legislador advirtió que cualquier actuación que no esté sustentada debidamente, carece de validez jurídica y es contraria al Estado de Derecho.
“No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”, sostuvo.

Opositores condenan la protección de Morena a Rocha

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, resaltó cómo cuando se trata de uno de los suyos, hay protección inmediata, y a la oposición se le sentencia desde “la mañanera”.
“Para los Opositores, la simple acusación, sin la más mínima prueba, es suficiente para ser sentenciado desde la mañanera”, manifestó Romero en redes sociales
A su vez, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que en Morena ya hay un padrón sobre tener en sus filas a los políticos más señalados en la comisión de delitos.

MC presenta ante la Cámara petición de desafuero

Representantes de Movimiento Ciudadano (MC), en tanto, presentaron en la Cámara de Diputados la petición de desafuero a los funcionarios morenistas acusados por el Gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.
Con un sello de entregado a las 17:54 horas de este jueves, el presidente de MC, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado federal, Gibrán Ramírez, entregaron la solicitud ante la secretaría general de la Cámara de Diputados, instancia que deberá turnar el caso a la Sección Instructora.

La Coparmex y ONG de Sinaloa exigen al gobierno federal investigar al mandatario estatal

La Coparmex y un grupo de organizaciones ciudadanas de Sinaloa reclamaron al Gobierno federal investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar al Gobernador Rubén Rocha frente a la presión de cargos penales en su contra por el Gobierno estadunidense.
Los empresarios de la Coparmex, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán y las agrupaciones Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, No se metan con nuestras hijas y la Iniciativa Sinaloa publicaron un posicionamiento en el que señalan que la gravedad de los señalamientos “exige respuestas firmes, investigaciones exhaustivas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas”.

LA UAS había salido en defensa del gobernador de Sinaloa

Antes de que el mandatario estatal solicitara licencia, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) lo calificó como un “aliado de la educación, un ciudadano íntegro y un luchador social”.
En un desplegado, la institución reconoció la trayectoria académica y política del mandatario sinaloense en la UAS, de la cual fue rector entre 1993 y 1997, y destacó el impulso a la Ley General de Educación Superior desde el Senado.
“Reconocemos en el doctor Rocha a un funcionario con una sólida vocación de servicio, impulsor de una agenda integral para el desarrollo, apegado siempre a la cultura de la legalidad y respetuoso del Estado de derecho”, estableció.
“Sabemos que muy pronto habrá de acatar la ley, ejerciendo una responsabilidad social que fortalezca el desarrollo de la educación en Sinaloa”.
La Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) reconoció también a Rocha por el desarrollo de la educación y llamó a respetar los derechos del Gobernador ante las acusaciones estadounidenses.