Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

En medio de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, Tabasco, Chiapas y Guerrero, que han dejado centenares de muertos en los últimos meses, el Gobierno federal proyecta acudir a los municipios con problemas de violencia para implementar el programa de desarme voluntario.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó ayer el acuerdo para establecer los Lineamientos de la Acción Desarme Voluntario 2025, en el cual advirtió que en el país existe una creciente proliferación de armas de fuego.
“El desarme voluntario, bajo la responsabilidad de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, busca hacer frente a la creciente proliferación de armas en el territorio nacional”, argumentó la dependencia.
La iniciativa de desarme, señaló, busca además combatir la percepción errónea de que el armamento en el hogar es necesario para sentirse seguro.
“La seguridad de la ciudadanía y la prevención de las violencias constituyen la principal motivación por la que se pondrá en marcha esta acción en todo el país, con especial énfasis en las entidades donde se localizan los municipios con mayor incidencia delictiva y municipios prioritarios”, advirtió.
En el país se registra una narcoguerra entre dos fracciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado más de 600 muertos desde septiembre en esa entidad; en Chiapas existe una disputa por el control territorial en las regiones de la Sierra, Norte y Frailesca; en Tabasco hay una pugna entre dos organizaciones criminales, y en Guerrero se registran constantes enfrentamientos entre células delictivas.
El pasado 10 de enero, ante autoridades del Episcopado Mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo al programa federal de desarme voluntario en la Basílica de Guadalupe.
De acuerdo con el tabulador del programa, el Gobierno federal tiene previsto pagar entre 250 y 25 mil pesos por cada arma de fuego entregada en los sitios habilitados, dependiendo el calibre y las condiciones.
“Los lineamientos tienen como finalidad fortalecer las estrategias que permitan concientizar a las personas sobre los factores de riesgo social y sus posibles consecuencias a nivel individual y comunitario”, estableció el acuerdo publicado por la SSPC en el Diario Oficial de la Federación.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la Defensa reportó el aseguramiento de un promedio diario de 19 armas en todo el País, mientras que en la Administración de Enrique Peña Nieto se registró la incautación de 16.4 armas al día en promedio, es decir, este fenómeno aumentó en un 16 por ciento.

Se busca prevenir el
reclutamiento de jóvenes por
parte del crimen: SSPC

El programa de desarme voluntario implementado por el Gobierno federal no sólo busca incidir en la reducción de la violencia, sino también prevenir el reclutamiento de los jóvenes por parte de la delincuencia organizada.
La dependencia informó que con el canje de armamentos a cambio de estímulos económicos se pretende promover la corresponsabilidad del Gobierno y la ciudadanía en las regiones de mayor índice de delitos cometidos con armas de fuego.
La SSPC se coordinará con las Secretarías de Gobernación y Defensa Nacional para continuar con el programa que arrancó el pasado 10 de enero, en la Basílica de Guadalupe.
Además de llevar el desarme voluntario a los ayuntamientos y alcaldías del territorio nacional, se ofrecerán pláticas de sensibilización y concientización comunitaria sobre los riesgos de la posesión y manipulación de armas de fuego.
La Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, encabezada por Esthela Damián, coordinará los esfuerzos y organizará las jornadas para invitar a la población a participar en el canje, de manera anónima y sin consecuencias jurídicas.
La Unidad, dependiente de la SSPC, elaborará reportes diarios sobre la recepción y destrucción del armamento, en el que incluirá sus características generales y, en su caso, el número de matrícula.