La Suprema Corte de Justicia invalidó la supresión del financiamiento público estatal a los partidos políticos en Chiapas, la cual había sido acordada por el Congreso local para destinar esos recursos a la reconstrucción de 97 municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Por 10 votos contra 1, el pleno de la Corte estableció que la reforma al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas violó la veda prevista en el 105 constitucional, que prohíbe reformar normas electorales 90 días previos al inicio del proceso.

La reforma fue publicada el 2 de octubre, cinco días antes del inicio del proceso electoral en Chiapas.

Todos los partidos en el Congreso aprobaron la reforma, pero fue impugnada por las dirigencias nacionales del PT y el PRD.

La situación es similar a la que se presentó en agosto, cuando la Corte anuló una reducción de 50 por ciento del financiamiento a los partidos de Yucatán, la cual fue aprobada por unanimidad en el Congreso local, pero impugnada por Morena.

El financiamiento estatal a los partidos en Chiapas es de unos 160 millones de pesos anuales, pero tras el fallo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana local tendrá que calcular el monto que asignará para las campañas políticas.

El Congreso de Chiapas justificó en el decreto que la reforma no era “sustancial”, y por tanto no afectaba la veda del artículo 105, pues los partidos tendrían acceso a financiamiento privado.

La única ministra originaria de Chiapas, Margarita Luna Ramos, también fue la única que expuso que el “caso fortuito” del sismo podía justificar la violación a la veda.

El proyecto que estudió la Corte, del Ministro Eduardo Medina Mora, proponía declarar que la reforma de Chiapas también violó los artículos 41 y 116 de la Constitución federal, que ordena a los estados garantizar el financiamiento de los partidos.

Medina sostuvo que la atención a desastres naturales y el financiamiento a los partidos no se excluyen mutuamente, sino que el estado debe enfrentar ambos temas.

A nivel federal, varios partidos renunciaron a recibir parte de su financiamiento para aportarlo a la emergencia provocada por los sismos de septiembre, pero no hubo una reforma para cancelar el gasto.

Piden mesa de trabajo en la Ciudad de México

La organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México solicitó una reunión con el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para establecer una mesa de trabajo “de carácter serio y resolutivo”, porque a más de cien días del sismo, la emergencia sigue vigente.

En una carta enviada a Mancera Espinosa, la organización, denunció que desde el inicio de la contingencia han presenciado irregularidades que van desde la inoperancia de diversas autoridades “hasta errores que nos niegan la certeza jurídica”.

Precisaron que en su momento acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se hay recursos suficientes para la reconstrucción de las zonas dañadas, y lo mismo hicieron en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “pero no fuimos escuchados”.

También acudieron al Senado, “en el contexto de una malograda sesión solemne con motivo de reconocer el apoyo internacional prestado por diversos países y particulares, el cual agradecemos, pero también denunciamos que a la fecha estos recursos no se han ejercido”.

Ordena Inai a la Segob entregar dictámenes de oficinas

La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá entregar los dictámenes estructurales posteriores a los sismos de septiembre de 2017, correspondientes a los inmuebles ocupados por sus unidades administrativas en la Ciudad de México.

Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), luego de que la comisionada Ximena Puente de la Mora presentó el asunto en el pleno.

“Cuando los sujetos obligados actúan bajo los principios de la máxima publicidad, constitucionalmente reconocido, la transparencia proactiva, el gobierno abierto y la rendición de cuentas, el acceso a la información sobre intervenciones gubernamentales en la emergencia es un insumo más para que la población tenga la certeza de las acciones y decisiones de las autoridades”, refirió.