Érika Hernández / Agencia Reforma Ciudad de México Frente al clima de violencia y polarización en diversas regiones del país, el INE reforzó las medidas ante situaciones “extraordinarias” que compliquen o impidan la instalación de casillas en la elección del 2027. En junio del próximo año, el organismo electoral prevé instalar 176 mil 741 casillas … Continúa leyendo Prevé el INE instalar 176 mil 741 casillas para la elección de 2027, 6 mil 560 más que en 2024
Agosto 04, 2026
Érika Hernández / Agencia Reforma
Ciudad de México
Frente al clima de violencia y polarización en diversas regiones del país, el INE reforzó las medidas ante situaciones “extraordinarias” que compliquen o impidan la instalación de casillas en la elección del 2027.
En junio del próximo año, el organismo electoral prevé instalar 176 mil 741 casillas en todo el País, 6 mil 560 más que en 2024.
Ese año, los ciudadanos no sólo votarán por diputados federales, sino también por 19 mil 609 cargos locales.
La Comisión de Organización del INE aprobó una guía de actuación pues, reconoce, enfrenta “retos crecientes” para realizar las elecciones, a causa de conflictos sociales, territoriales, políticos y de seguridad en diversas regiones del País.
Tras las elecciones de 2024 y 2025 se advirtió que el Instituto carecía de una herramienta homologada para orientar la toma de decisiones en conflictos derivados de nuevos límites territoriales.
Así como en protestas por demandas sociales, por pugnas entre grupos criminales o inseguridad, y por enfrentamientos entre pueblos originarios o comunidades indígenas.
El personal del INE en todo el País, así como el de los OPLES, deberán identificar las secciones electorales que puedan representar algún conflicto e informar a su superior.
Se recopilará información sobre las causas del conflicto o la situación que impera y se elaborará un reporte que indique si en procesos anteriores fue motivo de cancelación de elecciones o de casillas.
Se solicitará apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales para la prevención y contención del problema. De ser necesario, aclara, se pedirán encuentros con los gobernadores, secretarios o directores involucrados.
Además, buscan garantizar la seguridad de más de 51 mil supervisores y capacitadores, quienes son la columna vertebral de la elección, pues se encargan de buscar y capacitar a los funcionarios de casilla, por lo que se valorará el “tipo de acompañamiento a solicitar a las autoridades de seguridad pública”, en las actividades de campo.
“Agotadas las acciones de comunicación, colaboración y mediación y en caso de no identificar una posible solución, se debe valorar aplicar alguna medida alterna que permita garantizar el ejercicio del voto de la ciudadanía de las secciones afectadas, estableciendo para ello tiempos máximos de respuesta, que permitan la atención oportuna y generar acciones de la situación extraordinaria”, indica.
Por ejemplo, si 30 días antes de la jornada electoral no hay solución, se deberán contemplar casillas especiales o enviar a los electores a otra sección cercana.
Además de que 15 días antes la población afectada deberá estar informada de los cambios.
También piden “visitas” para dialogar con la ciudadanía y recabar información de lo que se vive en cada pueblo o comunidad, siempre y cuando existan condiciones de seguridad para los funcionarios.
Se aclara que la información será exclusivamente para determinar si existen condiciones para instalar casillas, no para realizar un diagnóstico sobre la seguridad en el país.
También deberán existir mesas de trabajo con comunidades indígenas.
Deslinda a Somos México
Al menos de manera oficial, Ernesto Ruffo, acusado de huachicol y delincuencia organizada, no aportó recursos para la conformación del partido Somos México, de acuerdo con información del INE.
En la lista de mil 200 personas que donaron 17 millones 690 mil 635 pesos, entre enero del 2025 y febrero del 2026, no aparece el nombre del ex gobernador panista de Baja California, quien también forma parte de Somos México como su consejero.
Tampoco aparece en esa lista de donadores ninguno de los detenidos relacionados con la empresa Ingemar, de la cual Ruffo es socio y que está señalada de pertenecer a la red ilegal de huachicol fiscal.
Desde su detención el pasado 16 de julio, morenistas han exigido al INE informar e investigar si recursos del mandatario entraron a esa organización durante el proceso para conseguir el registro.
De acuerdo con la información entregada por el INE, cuatro integrantes de la familia Bours aportaron el 32.5 por ciento del financiamiento que tuvo Somos, es decir, 5 millones 750 mil pesos, en aportaciones que van de los 250 mil a los 2 millones de pesos.
El límite de aportaciones en efectivo y especie que una persona podía realizar a las organizaciones ascendió a 3 millones 304 mil pesos.
Por ejemplo, el empresario José Luis Saiz Fernández entregó 3 millones en seis depósitos.
También aparece el empresario del sector textil, Alfredo Kalach Atri, quien entregó 821 mil 573 pesos, de las cuales 400 mil fueron en efectivo y 421 mil especie, como pagó en promocionales en Meta, servicio de video, logística, agua, trípticos y transporte. En total se registran 48 aportaciones.
De sus dirigentes aparece Cecilia Soto, con 62 mil pesos.
Las aportaciones van de los 300 pesos hasta los 3 millones.