Agencia Reforma

Ciudad de México

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó ayer reasignaciones por poco más de 44 mil 421 millones de pesos, de los cuales 30 mil millones son recursos derivados de reducciones a organismos autónomos y al Poder Judicial.
El dictamen que se prevé sea discutido hoy por el pleno, plantea una disminución de 13 mil 476 millones de pesos al INE y de 13 mil 117 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que seguirá en funciones en tanto son creados los dos nuevos organismos que lo sustituirán, como parte de la reforma judicial.
Otros órganos autónomos en los que se proponen reducciones son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por 488 millones de pesos; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por mil 180 millones, y el INAI, por 494 millones de pesos.
Lo anterior, a pesar de que la reforma que los extingue establece que los recursos humanos con que cuentan pasarán a formar parte de las Secretarías que asumirán sus atribuciones y las economías y ahorros, una vez cumplidos con los compromisos laborales, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El dictamen plantea, además, recortes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por poco más de 714 millones de pesos, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por más de 210 millones, al Senado por 123.9 millones y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 416.6 millones.
En total, se prevén reducciones por más de 30 mil 220 millones a ramos autónomos, de más de 2 mil 200 millones a la Oficina de la Presidencia y a las Secretarías de Gobernación y de Economía, y de 5 mil 765 millones al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
Los más de 6 mil millones de pesos restantes corresponden a reasignaciones de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Educación Pública (SEP).
El dictamen propone que 63 por ciento de la bolsa de 44 mil 421 millones de pesos sea asignado a estas dos últimas dependencias.
Para el ramo Educación se establecen asignaciones por 17 mil 300 millones de pesos, que serán destinados para subsanar los recortes a universidades públicas como la UNAM, mientras que para la SICT se plantean recursos adicionales por 10 mil 720 millones de pesos para la mejora de caminos rurales y carreteras alimentadoras y la modernización y rehabilitación de la infraestructura.
El panista Héctor Saúl Téllez advirtió que la bolsa de reasignaciones se queda corta, pues no hay un solo peso adicional para salud y seguridad, pese a la ola de violencia en el país.
Asimismo, criticó que la actual administración dé continuidad a la “infraestructura caprichosa” del pasado Gobierno y calificó el presupuesto para 2025 como centralista, por quitar recursos a organismos autónomos.
Alerta el Poder Judicial por recorte

El Poder Judicial Federal (PJF) alertó por el recorte presupuestal que Morena y sus aliados se disponen a aplicarle en 2025, cuando se implementará la reforma para elegir a todos los jueces del País por voto popular.
El recorte dejaría el presupuesto global del PJF en 70 mil 984 millones de pesos, 9.3 por ciento menos que lo asignado en 2024, sin contar inflación, lo que será la peor caída de sus recursos desde 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Ocho de cada diez pesos solicitados corresponden a sueldos, salarios y prestaciones, por lo que una reducción como la que se está planteando afectará la continuidad operativa de la Suprema Corte Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores”, afirmaron ambas instancias en un comunicado.
“La Corte se vería obligada a reducir el número de plazas por el previsible ajuste en su estructura o en las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo. En el caso del CJF, el recorte presupuestal podría provocar el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la reducción de la plantilla laboral, lo que redundaría inmediatamente en una afectación al derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos”, agregaron.
“Un recorte presupuestal de esta magnitud afectará la implementación de diversas reformas Constitucionales en marcha -laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos- así como de la propia reforma judicial, pues los recursos solicitados incluyen previsiones necesarias para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ”, que reemplazarán al CJF a partir de septiembre, dice el comunicado.

La mitad de los ingresos tributarios fueron para pensiones y jubilaciones, según la SHCP

De enero a octubre de 2024, en conjunto, los recursos que se destinaron a cubrir el costo financiero del sector público presupuestario y el gasto para pensiones y jubilaciones representaron 50.6 por ciento de los ingresos tributarios, su mayor cifra en 29 años.
Los datos de la Secretaría de Hacienda revelan que el gasto canalizado a costo financiero aumentó 8.9 por ciento anual real en ese lapso a 913 mil 66 millones de pesos, una cantidad que significó 22.4 por ciento de los ingresos tributarios del sector público.