Héctor Gutiérrez / Agencia Reforma

Ciudad de México

La entrega de beneficios de programas sociales en actos de campaña será prohibida por el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta la segunda semana de diciembre, fecha en la que arrancan las precampañas.
El árbitro electoral perfila aprobar en los próximos días una serie de lineamientos cuya función es regular el artículo 134 constitucional, así como restringir y poner candados a los programas sociales para evitar que se les dé un uso electoral.
Estos lineamientos se suman a los que aprobó el INE el pasado 20 de julio, que buscan una “cancha pareja” en la contienda y los cuales han recibido al menos 334 impugnaciones de distintos actores, entre los que destacan la Presidencia de la República, gobernadores, legisladores y medios de comunicación.
Grupo Reforma publicó que, de septiembre de 2016 a marzo de 2017, funcionarios federales, legisladores y el Gobernador Eruviel Ávila realizaron actos masivos en el Estado de México en los que se repartieron despensas, laptops, memorias USB y monederos electrónicos.
El INE aclaró que, si bien legalmente no se puede suspender la entrega de programas sociales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral no se podrán entregar en actos masivos.
Dado que el proceso electoral inicia el 8 de septiembre y las precampañas hasta la segunda semana de diciembre, los gobiernos tendrán un margen de tres meses para realizar ese tipo de eventos.
“Desde el inicio de las precampañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad”, indica el documento.
Asimismo, con el argumento de que se debe garantizar la equidad en la contienda, el INE perfila que, a partir del 8 de septiembre, los servidores públicos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos electivos no podrán asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales.
Los servidores públicos, agregan, no podrán realizar eventos masivos de difusión de logros o inauguración de obras una vez iniciado el proceso electoral.
Asimismo, los lineamientos establecen la obligación a los gobiernos federal y estatales de dar a conocer públicamente la totalidad de programas sociales con los que cuentan, así como el padrón de beneficiarios y las reglas de operación.
“En caso contrario, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales y, en consecuencia, pudiera constituir la actualización de alguna infracción constitucional”, plantean.