Érika Hernández y Jorge
Ricardo / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este jueves la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En el acto –que se realizó de forma privada ante organizaciones y funcionarios en Los Pinos– el mandatario reconoció la labor de los miembros de la sociedad civil que, dijo, han sido los principales promotores de esta legislación.
La pena para quien incurra en este delito es de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa. La sanción aumenta hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
Se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Por su parte, familiares y activistas consideraron un avance la promulgación de la Ley de Desaparición, pero exigieron una ruta clara para su aplicación, que tenga presupuesto suficiente, y que México renueve su compromiso con organismos internacionales de derechos humanos.
“La Ley es una herramienta que puede hacerle frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, que tiene su origen en las desapariciones y crímenes de derechos humanos del pasado”, afirmaron más de 40 colectivos en un comunicado conjunto bajo el nombre de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
“La impunidad del pasado nos persigue y rebasa, tanto, que la mayor tragedia que vivimos hoy en día son las desapariciones de miles de personas en México. Las familias sabemos que la Ley de Desaparición es sólo el comienzo”.
El Movimiento divulgó una lista de solicitudes: la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de Comisiones locales; la constitución de los órganos de participación con víctimas, así como la creación de nuevas fiscalías especializadas y fortalecimiento de servicios forenses.
Asimismo, plataformas tecnológicas y protocolos que ayuden en el registro, sistematización y cruce de toda la información necesaria para la búsqueda y localización de personas y que se garanticen los derechos de las víctimas; una declaración especial de ausencia por desaparición, que se reconozca la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y que los estados se comprometan a cumplir la Ley con la participación de familiares. Más una reunión con Peña y funcionarios involucrados.
Entre las ong firmantes figuran: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de NL; Unidos por los Desaparecidos de BC; Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa; Colectivo 21 de Mayo de Tamaulipas, y Colectivo el Solecito de Veracruz.