En Coahuila, estado que en los últimos 12 años fue gobernado por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, propuso aplicar la “muerte civil” a los corruptos.

Arropado por simpatizantes y ante el ex candidato panista a la gubernatura, Guillermo Anaya, Ricardo Anaya dijo que esta “muerte civil” significará imponer a los corruptos sanciones a perpetuidad para evitar que vuelvan al gobierno, si se trata de servidores públicos, o comercien con él, si son particulares. “El funcionario que cometa un acto de corrupción nunca más en su vida podrá volver a trabajar en un gobierno. Jamás.

“Y la empresa o el particular que se preste al acto de corrupción, que participe en un acto de corrupción, nunca más le podrá volver a prestar un bien o vender un servicio al gobierno en ninguno de sus órdenes de gobierno: federal, estatal o municipal. Muerte civil para los funcionarios y las empresas condenados por actos de corrupción”.

El 16 de noviembre, Reforma reveló que una de las propuestas contenidas en la plataforma electoral del Frente, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, era instituir lo que el documento aparecía como “muerte civil”.

El ex líder del PAN señaló que formulaba su propuesta de combate a la corrupción desde Coahuila debido a que la corrupción de los Moreira no ha tenido límite y anticipó que el triunfo “robado” del priista Miguel Ángel Riquelme va a permitir la continuidad del pacto de impunidad del que han gozado.

Además de instituir la “muerte civil”, el aspirante presidencial aseguró que en su eventual administración se impulsará la eliminación del fuero que protege a los altos funcionarios y la prescripción de los delitos de corrupción para que puedan ser perseguidos sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su comisión.

“(También) vamos a prohibir, por disposición legal, el uso de dinero en efectivo en los tres órdenes de gobierno, ninguna transacción se podrá hacer en efectivo, que es como muchas veces se roban el dinero los corruptos.

“Todos los pagos, por disposición legal, se tendrán que hacer siempre por transferencia electrónica, por transferencia bancaria y, lo más importante, vamos a romper el pacto de impunidad; no va a ver venganza, pero sí va a ver justicia, el que haya cometido un acto grave de corrupción, va a pagar las consecuencias”, sostuvo.