César Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Con bolsas de nylon como techo y sobre piso de arcilla, alrededor de 500 guatemaltecos se encuentran desde hace más de una semana en un campamento improvisado exactamente en la línea fronteriza con Campeche.
Se trata de habitantes de San Andrés en Laguna Larga, Municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, quienes el 2 de junio dejaron su comunidad ante la amenaza de ser desalojados por el Ejército y la Policía Civil de Guatemala, debido a la creación de áreas naturales protegidas que no los tomó en cuenta.
Una parte del campamento, en el que hay hombres y mujeres, desde niños hasta ancianos, está en territorio mexicano, de hecho la población más cercana de ambos lados de la frontera es el ejido El Desengaño, en el municipio de Candelaria, Campeche.
Martha Capetillo, integrante del Equipo Indignación, el cual realizó la semana pasada un recorrido de observación por el campamento, calificó la situación como una emergencia humanitaria.
“Hay un grave riesgo de enfermedades, en una zona lodosa, con lluvias. Es verdaderamente una tragedia, una emergencia humanitaria y una desatención de los Gobiernos (de ambos países)”, sentenció.
La activista narró que visitaron la comunidad de la que fueron desplazadas las personas y pudo observar que las casas que había en San Andrés ya estaban destruidas totalmente.
“Estaban humeando todavía. Ocuparon sus casas, las destruyeron, las quemaron”, dijo.
Capetillo constató que tanto autoridades de Guatemala como de México visitaron el campamento, sin embargo la situación no ha mejorado para las cerca de 100 familias guatemaltecas.
“Me impresionó mucho que insistía mucho la gente de México que el Gobierno de Guatemala se responsabilizara de la situación, y el Gobierno de México tiene responsabilidad también, porque están refugiadas de facto en México”, señaló.
Al lugar también llegó personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes informaron a los desplazados de su derecho a solicitar condición de refugiado.
Sin embargo, ninguna guatemalteco habían solicitado formalmente esta condición, pues en realidad lo que han expresado que desean es regresar a sus tierras.
“El Gobierno de México, lo que puede hacer, es que el campamento esté en mejores condiciones, materialmente, y garantizar asistencia médica y acceso a la alimentación, porque es una emergencia humanitaria”, agregó Martha Capetillo.