Agencia Reforma y Redacción

Monterrey / Cdmx / El Sur

Un Tribunal Colegiado ratificó la sentencia de 90 años de prisión dictada a cinco militares que en el 2010 participaron en el asesinato de Jorge Mercado, de 23 años, y Javier Arredondo, de 24, dos estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey.
El 13 de octubre del año pasado, los soldados fueron condenados por el juez José Reynoso Castillo por homicidio calificado con agravante de ventaja, pero apelaron la sentencia.
La apelación fue revisada por tres magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, quienes determinaron que son infundados los supuestos agravios presentados por la defensa legal de los militares.
El pasado 5 de diciembre, por unanimidad, el Tribunal falló en contra de la apelación promovida por los elementos castrenses Manuel Hernández Hernández, Alpimiano Arcos López, Juan Manuel Santiago Antonio, Juan Carlos Castillo Hernández y el Teniente Hipólito Eugenio Luis, recluidos en una prisión militar de la Ciudad de México.
“La muerte de los alumnos tiene todas las características de lo que la doctrina y la Primera Sala han denominado una ejecución extrajudicial”, establece la sentencia.
“Los militares actuaron, en resumen, con todo el poder del Estado”.

Celebra ONU-DH la condena a militares por la ejecución extrajudicial ocurrida en 2010

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la confirmación de la condena a cinco militares por la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del ITESM, currida en Monterrey, Nuevo León, en 2010.

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por desaparición de indígena zapatista

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó ayer al Estado mexicano como responsable de la desaparición en 1999 del indígena maya ch’ol Antonio González, simpatizante del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
México es “responsable por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de sus familiares”, sentenció el tribunal con sede en San José, Costa Rica.
González estaba en una zona bajo presencia del grupo paramilitar Paz y Justicia. La última vez que se le vio con vida fue con una persona vinculada a los paramilitares, detalló la Corte IDH.