Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

La formación de la Guardia Nacional, propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionada, criticada y rechazada este jueves por organizaciones civiles y especialistas en seguridad que participaron en la tercera jornada de audiencias realizadas en la Cámara de Diputados para debatir la iniciativa que daría paso a un nuevo cuerpo encargado de la seguridad pública con elementos de la fuerzas armadas.
En la mesa 7, titulada Seguridad humana y Guardia Nacional, representantes de las organizaciones presentaron ante los legisladores cifras sobre los elevados números de asesinatos y desaparecidos en el país desde 2006, que suman 250 mil y 37 mil, respectivamente –de acuerdo con fuentes oficiales– y advirtieron que la instauración de la Guardia Nacional no resolvería el agudo problema de inseguridad e impartición de justicia que padece México.
Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, criticó que el discurso público intente convencer a la ciudadanía “de que exclusivamente la creación de una Guardia Nacional nos sacará del marasmo de violencia e inseguridad que vivimos”.
Sánchez comenzó su intervención recordando el aumento “notable” en el número de soldados desplegados en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como los operativos federales “en prácticamente todas las entidades federativas. Lo comento para desmitificar la primicia básica sobre la que descansa la urgencia de crear la Guardia Nacional: que con un mayor despliegue y ocupación territorial, corresponderá un mayor grado de pacificación”.
Remarcó que eso no corresponde a la realidad documentada hasta ahora: “Las violaciones a los derechos humanos en estos años, los cuales por parte de la Marina tuvieron un crecimiento de hasta mil 600 por ciento, nos tendrían que llevar a reflexionar si esto ha servido para bajar la incidencia delictiva y la violación a los derechos humanos”.
Los datos provistos por el Sistema de Seguridad Pública indican que eso no ha sido así, dijo, pues el número de víctimas en México creció 2.6 millones el último año de la administración de Enrique Peña Nieto respecto al último año de Felipe Calderón.
“Implementar la Guardia Nacional sería engañar a la ciudadanía al poner todas sus expectativas en una guardia militar, que no resolverá el problema de seguridad, pero que sí sería causa fundamental de un cambio en las relaciones cívico-militares. La creación no resuelve el problema de inseguridad y de impartición de justicia de este país”, remató.

“La renuncia del Estado a formar policías”

Lilián Chapa, investigadora de World Justice Project México, advirtió que si el diseño de la Guardia Nacional se aprueba tal y como está en el dictamen –con un mando militar– “la señal que se envía desde el gobierno federal es la de renunciar a formar corporaciones civiles de seguridad pública. La renuncia del Estado a formar policías. No nos engañemos, la Guardia Nacional no es una policía, es una fuerza militar en funciones que le son ajenas”, enfatizó.
Añadió que el dictamen que se va a discutir coloca a la Guardia Nacional, “es decir, al Ejército, a investigar delitos del fuero común. Como operan las policías hoy en México, no pueden dar los resultados que necesitamos. Sin policías de investigación efectiva, el problema de violencia no se resolverá. Si no formamos policías que resuelvan casos, la inseguridad seguirá desbordada. Es falso que todas las policías del país sean un fracaso”.
Ixchel Cisneros, integrante del colectivo Seguridad sin Guerra y directora de El Día Después, recordó que existe “mucha evidencia de por qué la estrategia militar no ha funcionado. Ya ha sido probada por 12 años y no funciona.
“Sabemos que el problema de inseguridad es grave y que las policías de los tres niveles no están preparadas para combatirla, pero también sabemos que con las fuerzas armadas en las calles han aumentado los homicidios y las violaciones a los derechos humanos”, conluyó.

“Las policías Militar y Naval no son iguales a las de allá afuera”

Al debate asistió el general de división retirado Luis Garfias Magaña, ex legislador y el primer militar que habla en las audiencias, quien comenzó su discurso mencionando que “ni los militares ni los marinos somos policías, no nos gusta eso. Las policías Militar y Naval no son policías igual a las de allá afuera”.
En su intervención, Garfias comentó asimismo que “en casi todo el mundo existe una policía nacional, la de Francia, la de España. Se habla en México de la militarización, pero desde el punto de vista militar, en el país no hay nada militarizado. La militarización es cuando un jefe de Estado emite un decreto con el cual militariza una institución. En México, ¿qué está bajo el Código de Justicia Militar? Nada, solo las fuerzas armadas. No hay militarización. Hay militares en las calles, y ya”.
Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, resaltó que se deben analizar los costos que generaría la creación de una nueva institución: “Con la inclusión de la Policía Federal, se perdería una inversión millonaria en tiempo y dinero”. La preocupación es que la Guardia Nacional “no cuenta con un mando civil que permita tener un acercamiento fluido para propiciar la interacción directa con las víctimas de la delincuencia”.
Dolores González, coordinadora en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), habló sobre la ausencia de víctimas en las audiencias e indicó que “se requiere diseñar y desarrollar una estrategia integral de seguridad y de largo alcance, desde un enfoque de seguridad humana”.
La estrategia, finalizó, “debería de concentrarse en la reconstrucción del tejido social y de paz. Se necesita replantear y fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un acento en lo local, en el que las policías sean profesionalizadas y se fortalezca la acción comunitaria para la prevención del delito”.