La Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México, que agrupa a 14 comunidades indígenas y comunales de la Ciudad de México, denunció que funcionarios de la Procuraduría Agraria generan conflictos entre los pueblos con el fin de despojarlos de la tierra.

En conferencia de prensa, el asambleísta Francisco Pastrana narró que el delegado de la Procuraduría Agraria en la capital, René Francisco Bolio Halloran, ha provocado disputas entre las comunidades –muchos de ellas indígenas–, pues impone representaciones comunales y comisionarios ejidales a fines, para lograr la venta de terreno.

El modus operandi del funcionario, dijo, consiste en lanzar convocatorias ilegales, pues no parten del consenso de 20por ciento de los propietarios, como lo marca la ley, para luego elegir a representantes cercanos a él y a proyectos expropiatorios.

“Nos hacen pelear entre comunidades. Las autoridades le dan entrada a una representación y a otra y eso ocasiona peleas internas”, explicó.

Pastrana, quien también forma parte de la asesoría legal de la Asamblea, insistió en que Bolio Halloran actúa de manera “ilegal”, pues interviene en comunidades que no tienen titulaciones firmes.

“Interviene en todos los pueblos que se dejan y que todavía no tienen el reconocimiento de sus tierras. Hace alianzas con sectores de comuneros para impulsar proyectos contrarios a los intereses de los pueblos. Detrás de esta intervención está el deseo de la clase política de establecer sus megaproyectos”, agregó.

Uno de estos proyectos, mencionó, es la instalación de un cuartel de la Marina en la serranía Ajusco-Chichinautzin.

Juan María Huizotl, de la Comisión de Prensa y oriundo de Milpa Alta, dijo que al menos 14 comunidades han vivido un conflicto agrario por este tipo de actuaciones.

Abundó en que, detrás de este problema, aún está latente el “despojo histórico” que han padecido los pueblos y comunidades.

Así lo describió: “La mayor problemática en términos generales, es el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos en muchas formas. En la parte serrana, el despojo se ve en la forma de presión urbana de cambio de uso de suelo, delitos forestales. En la parte norte de la cuenca, el problema es que son expropiados, invadidos y urbanizados”.

Los representantes de la Asamblea –conformada el pasado 14 de diciembre– advirtieron que no permitirán que continúe el despojo de tierras y recursos naturales. Por ello, hicieron un llamado a cambiar la relación entre los pueblos y los gobiernos local y federal.

“Pedimos como comunidades originarias que seamos respetados y que seamos considerados como la semilla que surge de la tierra para podemos gobernar internamente”, concluyeron.