La operación actual del sistema de implementación de justicia en el estado de México per mitió, una vez más, el retraso en el proceso de acceso a la justicia y reparación del daño para dos familias, que desde hace cuatro años buscan la sentencia de tres policías del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, por la violación a una menor y el asesinato de su novio, en 2013.
En la audiencia de cierre de alegatos, que se llevó a cabo este miércoles en la segunda sala de juicios orales de Nezahualcóyotl, Estado de México, el juez Juan José Colón Martínez concedió, nuevamente, una suspensión de hasta ocho días hábiles para que la defensa de los tres policías imputados termine de formular sus alegatos finales y se lleve a cabo la réplica de los asesores jurídicos.
Durante la audiencia, el juez mexiquense reconoció que los argumentos que ofrecieron los tres defensores de oficio — principalmente que el Ministerio Público reclasificó la participación en la comisión del delito de violación de dos de ellos — no era suficiente para otorgar la suspensión de proceso, sin embargo, accedió el cese apelando al derecho del debido proceso de los tres agentes, ya que una violación podría justificar una reposición en del procedimiento, dijo.
Antes de dar por terminada la audiencia de más de tres horas, en el municipio en el que desde el 2015 se aprobó el Mecanismo de Alerta por Violencia de Género, Colón Martínez concluyó: “no se busca retrasar el procedimiento, sino evitar violentar los derechos fundamentales de los imputados y evitar así la reposición de procedimiento que causaría un mayor daño”.
Con el nuevo plazo, el tiempo que ha transcurrido sin una sentencia de los policías Andrés Alan Hernández, Francisco Jiménez Aréchiga y Pedro Luis Becerril Ríos, presuntamente culpables de cometer los delitos de homicidio calificado en contra de Manuel, violación a Alejandra y abuso de autoridad contra ambos menores será de 57 meses y 14 días; aún cuando el nuevo sistema de justicia penal establece que un imputado no puede estar en prisión preventiva por más de dos años.
Al equipo de abogados defensores de las familias de los jóvenes —que conforman Ana Yeli Pérez Garrido y Luis Fernando Carmona Zaack, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Centro Justicia Pro Persona— no les quedó de otra más que aceptar el nuevo plazo. Incluso, a pesar de apelar por una fecha menor a los diez días que otorga la ley para el cese y reclamar ventaja procesal para los defensores, el juez mexiquense lo aplazó.