Natalia Vitela y Claudia Guerrero / Agencia Reforma Ciudad de México El gobierno mexicano analiza las acciones legales disponibles, incluida una eventual solicitud de nulidad, contra el laudo emitido por un Tribunal internacional en el arbitraje promovido por Vulcan Materials, por el caso Calica en Quintana Roo. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó ayer que … Continúa leyendo Se analizan acciones legales contra el fallo a favor de Vulcan, explica la presidenta
Julio 29, 2026

Natalia Vitela y Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Ciudad de México
El gobierno mexicano analiza las acciones legales disponibles, incluida una eventual solicitud de nulidad, contra el laudo emitido por un Tribunal internacional en el arbitraje promovido por Vulcan Materials, por el caso Calica en Quintana Roo.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó ayer que tanto México como la empresa pueden impugnar la resolución, pero pidió esperar alrededor de 30 días para conocer los detalles, debido al periodo de confidencialidad establecido en el procedimiento.
“Todavía puede haber un periodo para solicitar la nulidad de esta resolución, tanto de Vulcan como del gobierno mexicano”, afirmó.
En la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la Secretaría de Economía revisa detalladamente la decisión del Tribunal para definir los recursos jurídicos que podría presentar.
“No podemos dar muchos más detalles por estos 30 días en donde todavía se solicita confidencialidad. Si nos esperan como un mes, más o menos, que ya no hay esta parte de confidencialidad, ya podemos detallar”, aseguró.
El lunes, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial emitió el fallo final en el arbitraje iniciado por una filial de Vulcan al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La empresa reclamó originalmente una indemnización por mil 529 millones de dólares más intereses y gastos, por medidas adoptadas entre 2018 y 2022 contra las operaciones de Calica en Quintana Roo.
La Secretaría de Economía informó que el Tribunal desestimó casi todas las reclamaciones, salvo una relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La presidenta advirtió que, al margen de ese fallo, Vulcan deberá reparar el daño ambiental provocado por las actividades de Calica, aun cuando la mina permanezca clausurada y el Tribunal haya emitido una resolución parcialmente favorable a la compañía.
“Ellos tienen que resarcir. Ellos tienen daño ambiental ahí, tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando esté clausurada la mina”, sostuvo.
Sheinbaum señaló que la empresa todavía mantiene material en los predios y que el gobierno negocia con sus representantes la manera en que deberá cumplirse la remediación.
Recordó que los terrenos de Calica son propiedad privada de Vulcan, aunque fueron incorporados en 2024 al Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, lo que impide continuar con su explotación comercial.
En 2022, el Gobierno federal ordenó detener la extracción de piedra caliza que Calica enviaba a Estados Unidos, al acusar a la compañía de continuar con sus actividades pese a comprometerse a suspenderlas.
Dos años después, la Administración de Andrés Manuel López Obrador declaró Área Natural Protegida los terrenos de la empresa dentro de la zona de Felipe Carrillo Puerto.
Retrasa nuevo grupo académico
las conclusiones sobre el uso del
fracking, informa Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó el retraso en la presentación de las conclusiones sobre el fracking a la incorporación de un grupo académico que analiza cómo sustituir el gas natural con otras fuentes de energía.
En conferencia, la mandataria explicó que la comisión original fue ampliada con especialistas que históricamente se han pronunciado contra la explotación del gas no convencional y con investigadores encargados de elaborar un escenario de planeación energética hacia 2035 y 2040.
“Esta segunda parte es la que ya ha retrasado un poco el poder venir a la mañanera a dar el resultado”, afirmó.
“El retraso tiene que ver con eso, con la incorporación de otro grupo que dijo, queremos participar para ver qué otras fuentes de energía y cómo la eficiencia energética puede ser parte de la planeación”.
Sheinbaum estimó que las orientaciones, resolutivos y conclusiones de la comisión podrían presentarse en una o dos semanas, luego de concluir el escenario sobre crecimiento del consumo y fuentes de energía.
“Lo que está faltando es el último escenario de crecimiento al consumo de energía y fuentes de energía hasta el 2035, 2040. Esa parte todavía, cómo se puede sustituir el gas natural por otras fuentes de energía”, explicó.
La presidenta señaló que los integrantes ya alcanzaron acuerdos y que revisará con la Secretaría de Energía el avance del documento pendiente.
La comisión fue presentada en abril para examinar la viabilidad técnica, ambiental y social de explotar gas no convencional.
Se busca eximir de la garantía
aduanera a mercancías
extranjeras trasladadas por
el Corredor Interoceánico
La presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar la garantía aduanera para las mercancías extranjeras que sean trasladadas entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, exclusivamente a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La medida forma parte de un proyecto de decreto que aún está en revisión regulatoria y pretende ofrecer mejores condiciones para el tránsito internacional de carga entre los océanos Atlántico y Pacífico.
“Que, con el fin de establecer mejores condiciones bajo el régimen de tránsito internacional, a las mercancías que sean trasladadas de los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca y viceversa, por medio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Se estima oportuno eximir la presentación de la garantía en la cuenta aduanera, siempre y cuando su salida por la aduana del puerto de destino sea en las mismas condiciones en que ingrese al territorio nacional y se trate de un tránsito continuo”, se establece en el proyecto.
Según el documento propuesto por la Mandataria federal, la propuesta no elimina impuestos ni cuotas compensatorias, sino la obligación de garantizar su posible pago mientras las mercancías atraviesan el país con destino al extranjero.
La Ley Aduanera establece que quienes realizan determinados tránsitos internos o internacionales deben garantizar las contribuciones y cuotas compensatorias calculadas provisionalmente en el pedimento.
De formalizarse como decreto, la propuesta exceptuaría de ese requisito a la carga que ingrese por la aduana de Coatzacoalcos y salga por la de Salina Cruz, o que recorra la ruta en sentido contrario.