Como precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador plantea el combate al lavado de dinero y la evasión tributaria en paraísos fiscales por parte de políticos y empresarios mexicanos.

El dirigente de Morena estima que la aplicación de un programa anticorrupción en los sectores fiscal y financiero reportaría al país un ahorro de 1 billón 270 mil millones de pesos al año aproximadamente.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, presentado este lunes durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, México ocupa el tercer lugar como país exportador de capitales ilícitos a nivel global, y en los últimos siete años la cifra ascendió a 514 mil 259 millones de dólares, sólo abajo de Rusia y China.

Al mismo tiempo, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene la menor recaudación como porcentaje del PIB, lo que propicia la concentración desigual de la riqueza.

Expone que en 2015, por concepto de IVA e ISR, se detectó una evasión fiscal de casi 600 mil millones de pesos, cifra que equivale a más del 3 por ciento del PIB.

“La evasión fiscal y el lavado de dinero son dos caras de la misma moneda y constituyen una realidad lacerante que frena el desarrollo económico y vulnera la democracia.

“La evasión se suma a otros abusos como la elusión fiscal, los fraudes comerciales y el blanqueo de activos. Todo ello alimenta y nutre el crimen organizado y el narcotráfico, que son las caras más oscuras de la corrupción público-privada”, señala.

El proyecto de Morena anticipa que el gobierno mexicano colaborará con autoridades de organismos internacionales y propone endurecer los controles al sistema bancario y la eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario y fiscal durante la investigación de paraísos fiscales.

Refiere que el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que el sistema financiero mexicano es un “centro de lavado” para el crimen organizado, y ha estimado que en el país se blanquean hasta 29 mil millones de dólares al año.

“Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país”.

El plan prevé aplicar auditorías inmobiliarias a propiedades demexicanos en Estados Unidos que provienen de la política y los altos negocios”. Sugiere también establecer nuevas sanciones para servidores públicos que colaboren con estos delitos, entre otras medidas.